De acuerdo con el más reciente Reporte de Violencia Política en México 2025, elaborado por Integralia, ese año se registraron 382 incidentes de violencia político-electoral, de esos, 188 fueron homicidios, sin embargo, ni en la propuesta de reforma electoral, ni en el Plan B, se contempla blindar las elecciones de la incursión del crimen organizado.
“Lo que me resulta contradictorio es que, ante toda esta presencia del crimen organizado en las elecciones, ni en la propuesta de reforma electoral (de la presidenta Claudia Sheinbaum), ni en el Plan B, vine absolutamente nada que hable de cómo blindar las elecciones de la incursión del crimen organizado, de su dinero, pero también de su fuerza”, expresó en entrevista Jorge Saulo Dávila, consultor senior en la empresa consultora Integralia.
Saulo Dávila consideró que negar el problema no hará que éste desaparezca, al contrario, lo fortalecen.
Sobre cómo se espera el proceso electoral 2026-2027 con el antecedente de la violencia política de 2025, indicó que hacer ejercicios prospectivos es complicado, pero con datos en mano podría esperarse que esta aumente o por lo menos se mantenga.
De igual manera, opinó que se debe dejar ya esa visión de los años 80 de que si no hay denuncia no hay delito, hay gobernadores y fiscales locales quienes lo único que dicen es, que venga y denuncie, en un país donde no se denuncia por miedo.
“Se debe empezar a asignar, donde la autoridad sepa que hay más posibilidades de riesgo, protección real a funcionarios y políticos que lo necesiten, sin que ellos tengan que pedirlo, porque muchas veces no es la amenaza la que predomina, sino el homicidio”, mencionó.
Resaltó la importancia de que la autoridad comience a actual realmente para evitar esta violencia, “porque ahí es donde todos, todos los días estamos cediendo soberanía”.
Los 382 casos documentados de violencia política-electoral de 2025 representan el segundo nivel más alto desde 2018.
El reporte de Integralia señala que la cifra confirma que este fenómeno se ha consolidado como un mecanismo recurrente de presión política y de control territorial en distintas regiones del país.
En el reporte se destaca que, aunque 2025 no fue un año electoral “común” (al solo elegirse ayuntamientos en Veracruz y Durango, y elecciones judiciales nacionales y en algunas entidades), la proximidad de los procesos electorales sigue siendo un detonante relevante. El primer semestre del año registró 254 incidentes, frente a 128 en la segunda mitad, con picos especialmente altos en mayo y junio, meses asociados a actividades electorales.
En ese sentido, el reporte indica que dicho comportamiento confirma que la violencia continúa siendo utilizada como mecanismo para presionar a actores políticos y condicionar los resultados electorales.
En términos territoriales, los mayores registros de violencia política-electoral se ubicaron en Veracruz (104 casos), Guerrero (34), Morelos (32), Oaxaca (29), Puebla (26) y Guanajuato (21), señala el documento.
El reporte también identifica que casi la mitad de los incidentes correspondieron a homicidios dolosos (equivalentes al 49.2% del total), seguidos por amenazas (96), atentados con arma de fuego, secuestros y desapariciones. Esta composición refleja una mayor letalidad en los ataques y una menor dependencia de mecanismos indirectos de intimidación.
Según el reciente reporte de Integralia, los municipios continúan siendo el principal foco de riesgo, con el 79.3% de los incidentes dirigidos a actores del ámbito local. Entre los factores que explican esta vulnerabilidad se encuentran la debilidad de las policías municipales, las limitaciones presupuestales para fortalecer las instituciones de seguridad y la escasa presencia de corporaciones estatales o federales en diversas regiones del país.
Finalmente, el reporte advierte que las propuestas actuales de reforma electoral no contemplan medidas específicas para enfrentar la violencia política-electoral, lo que sugiere que el fenómeno podría intensificarse en los próximos procesos electorales. De mantenerse las tendencias actuales, es probable que en los comicios de 2027 se registren más casos de asesinatos, atentados, amenazas, secuestros y otras agresiones contra actores políticos.
