Ocho relatores especiales de Naciones Unidas (ONU) firmaron una carta dirigida al Gobierno de Ecuador en la que cuestionaron, entre otras cosas, la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas y advirtieron que esta clasificación podría utilizarse para justificar medidas ilegales, como las restricciones de derechos humanos y la utilización ilícita de la fuerza.
Por ello, recordaron que el terrorismo y la delincuencia organizada son fenómenos distintos, regidos por marcos jurídicos diferenciados, “que no deben confundirse ni aplicarse de forma intercambiable”.
Así lo confirmó Ben Saul, relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de la ONU, en la red social X.
“Me sumo a los expertos de la ONU al expresar preocupación por los derechos humanos en torno a la definición de terrorismo y de delitos de terrorismo en Ecuador, la ley de inteligencia, los estados de excepción, la designación de cárteles como ‘terroristas’ y la declaración de conflicto armado contra grupos de delincuencia organizada”, compartió en la red social.
Los expertos pusieron en duda la calificación de “conflicto armado interno” en el país, al considerar que no se cumplen los criterios exigidos por el derecho internacional en cuanto a intensidad de la violencia y grado de organización de los grupos.
Este término fue declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a principios de 2024, para elevar la lucha contra el crimen organizado, de manera que también pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas por las estructuras criminales.
