La directora de Amnistía Internacional (AI) Perú, Jennie Dador Tozzini, afirmó que este país atraviesa un “proceso de regresión” en materia de derechos humanos que se ve expresado en la promulgación de la Ley de Amnistía de agosto de 2025, una herramienta que persigue cesar las penas y procesos contra presuntos responsables de crímenes durante los años del conflicto armado interno.
“Después de haber avanzado y haber recuperado la democracia, en unos años empezó un proceso de regresión de esos derechos en el campo de los derechos humanos”, dijo Dador Tozzini en una conversación con EFE en Asunción, la capital de Paraguay.
La norma, aprobada bajo el Gobierno de Dina Boluarte (2022-2025), concede amnistía a cientos de integrantes de las fuerzas de seguridad y armadas y a los integrantes de los comités de autodefensa que hayan sido sentenciados o estén procesados por crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado entre los años 1980 y 2000, que dejó unos 21 mil desaparecidos.
La abogada señaló que los jueces peruanos se han negado a aplicar la Ley de Amnistía por “control de convencionalidad”, al entender que la norma va en contravía de las disposiciones de convenios y normas superiores, como la propia Constitución peruana.
Sin embargo, Dador Tozzini dijo que los defensores de derechos humanos continúan exigiendo la derogatoria de esta herramienta legal, al considerar que unos 150 funcionarios de seguridad detenidos por abusos y otros 600 con procesos abiertos podrían escapar de la Justicia.
Asimismo, expresó que esta petición no significa “una cacería contra las fuerzas armadas o los miembros policiales”, que tomaron parte de la lucha armada, sino de ejercer “Justicia contra malos efectivos que no cumplieron adecuadamente su función”.
“Estas personas están intentando conseguir quedar libres o inalcanzables por la Justicia (con esta ley)”, añadió.
Citó como ejemplo del panorama de regresión en materia de derechos humanos en Perú la reciente puesta en libertad del exministro y excandidato presidencial Daniel Urresti, que estaba condenado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, en calidad de autor mediato (con dominio del hecho), cuando el sentenciado ejercía de jefe militar.
