La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un límite a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en instituciones públicas, con 458 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum modifica el artículo 127 de la Constitución para fijar que dichas pensiones no podrán superar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, equivalente a cerca de 70 mil pesos mensuales. La medida aplica a organismos descentralizados, empresas del Estado, banca de desarrollo y otros entes públicos, además de impedir que contratos o disposiciones laborales establezcan montos superiores.
El dictamen, previamente avalado por el Senado de la República el 11 de marzo con 109 votos a favor, generó protestas de jubilados en los accesos del Palacio Legislativo y cuestionamientos de la oposición por posibles efectos retroactivos. Legisladoresdel Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano respaldaron el objetivo de eliminar pensiones elevadas, pero advirtieron riesgos jurídicos si la medida afecta derechos adquiridos.
Por su parte, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo (PT), defendieron que la reforma busca eliminar privilegios financiados con recursos públicos. El proyecto excluye a las Fuerzas Armadas y a pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o esquemas sindicales. Tras su aprobación en lo general, el pleno inició la discusión en lo particular; de mantenerse el texto, deberá ser avalado por congresos estatales antes de su promulgación.
