El presidente Andrés Manuel López Obrador condecoró Salvador Cienfuegos, exjefe del Ejército mexicano (2012-2018) y quien fuera detenido en 2020 por EUA luego de que al Agencia Antidrogas (DEA) lo acusara de narcotráfico.
López Obrador entregó al general la presea “Bicentenario del Heroico Colegio Militar”, en una ceremonia en el estado de Veracruz para “distinguir y reconocer a militares que han colaborado en distintas áreas al desarrollo y constitución del plantel educativo militar”.
Cienfuegos, quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), dirigió el colegio militar de 1997 al año 2000.
El reconocimiento causó polémica porque las autoridades estadounidenses detuvieron en octubre de 2020 a Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles por una investigación de la DEA que lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado durante su periodo frente a la Sedena.
Tras su detención, López Obrador primero expresó que el arresto “es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, pero días después acusó a la DEA de “fabricar” los delitos contra Cienfuegos.
Por ello, en noviembre de 2020, López Obrador gestionó con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la entrega de Cienfuegos a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró en enero de 2021 tras revisar en menos de 2 meses el expediente que la DEA armó desde 2017.
La condecoración a Cienfuegos también causó controversia entre activistas de derechos humanos y políticos de oposición, quienes señalaron el acto como una muestra de los crecientes vínculos de López Obrador con las Fuerzas Armadas durante su sexenio.
“Estados Unidos liberó al general Salvador Cienfuegos no por ser inocente de los cargos imputados por la DEA, sino por órdenes de Trump para no dañar las relaciones diplomáticas con México. En realidad, López Obrador premia al verdadero poder de la Sedena”, opinó el senador independiente Emilio Álvarez Icaza en la red X.
Las Fuerzas Armadas cobraron un ascendente poder en el Gobierno de López Obrador, quien les ha otorgado tareas de seguridad pública, construcción de infraestructura, control migratorio y administración de aduanas y aeropuertos, tareas antes reservadas a civiles.
