Guatemala suma 11 días de manifestaciones y bloqueos para exigir la renuncia de su fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, quien se resiste a dejar el cargo pese al paro nacional que vive el país centroamericano.
Un total de 120 carreteras permanecen sin paso en todo el territorio guatemalteco, de acuerdo a datos oficiales, mientras que cientos de comercios han cerrado desde el lunes en todo el territorio.
La situación parece no tener solución pronta a la vista pues los manifestantes advierten que no cederán hasta que Porras Argueta dimita.
Mientras tanto, la Fiscal General aseguró la semana pasada que no renunciaría y el lunes instó en un mensaje al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, a que disperse a la fuerza a la población.
Desde entonces, Porras Argueta no ha aparecido públicamente, aunque manifestantes han ido a buscarla a una de sus residencias. De igual forma, un juez de Paz se encuentra en su búsqueda, a solicitud de un ciudadano particular, por un pedido legal de “exhibición personal” para determinar dónde se encuentra y en qué estado.
Las protestas fueron convocadas e iniciadas el 2 de octubre por la organización indígena 48 cantones, del departamento (provincia) de Totonicapán (oeste). Desde entonces, se ha sumado una gran parte de la población.
Los manifestantes piden la dimisión de la jefa del Ministerio Público por intentar modificar los resultados de las elecciones celebradas en junio y agosto pasado, ganadas sorpresivamente por el académico Bernardo Arévalo de León.
El presidente electo debe tomar posesión el próximo 14 de enero, pero ha indicado que se encuentra en marcha un “golpe de Estado” en su contra por parte de Porras Argueta, para evitar su investidura.
El martes, las fuerzas de seguridad intentaron dispersar un bloqueo en una de las vías principales de Guatemala, denominada Periférico, pero tuvieron que retroceder ante la cantidad de manifestantes en el lugar, quienes los increparon con motocicletas.
También el martes, pero en Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirmó que las denuncias de supuestas irregularidades en las elecciones de Guatemala son infundadas.
Porras y la Fiscalía decomisaron el 30 de septiembre las actas de votación de los comicios de agosto y junio pasado, en una acción ampliamente criticada a nivel local e internacional ya que la ley guatemalteca no contempla dicha posibilidad.
Arévalo, por su parte, recalcó el martes por la noche que “la salida de esta crisis comenzará” cuando Giammattei “deje de callar ante el evidente asalto a la voluntad popular” que pide la dimisión de la Fiscal General.
