El oficialismo y sus aliados en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la prórroga número 19 de un régimen de excepción para combatir a las pandillas y que suspende garantías constitucionales.
Con los votos de 67 diputados de los 84 que forman el Congreso, la mayoría del partido Nuevas Ideas (NI), se amplió por un término más de 30 días y la medida cumplirá 20 meses de vigencia.
“Vamos a continuar con esto hasta que sea necesario” y “hasta que nosotros como salvadoreños tomemos la decisión que ya es suficiente con el régimen de excepción”, dijo el presidente del órgano Legislativo y exsecretario privado del mandatario Nayib Bukele, Ernesto Castro.
Dicho régimen fue aprobado tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas a finales de marzo de 2022 y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
La medida fue aprobada nuevamente con dispensa de trámite, por lo que no fue conocida por una comisión ni fue sometida a un debate legislativo.
Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.
De esta manera la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, ha otorgado al Gobierno del presidente Bukele poderes especiales para su llamada “guerra contra las pandillas”, que ha tenido como principal apuesta la detención masiva de supuestos pandilleros y colaboradores, además de cercos de seguridad con miles de elementos de la Policía y del Ejército.
El decreto legislativo aprobado indica que este régimen le da al Gobierno las herramientas “para llevar a cabo las acciones operativas idóneas y continuar dando seguridad frente a la amenaza de las organizaciones criminales y sus integrantes”.
“Si bien, se está ganando decididamente la guerra contra las pandillas, existen miembros que aún no han sido capturados y persisten en el actuar delictivo mediante la reiteración”, agrega.
De acuerdo con cifras oficiales, son más de 72 mil detenciones realizadas bajo el régimen de excepción, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5 mil “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
