La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la anulación de sentencia dictada a Mario Aburto, asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio (1994), por lo que ahora la Suprema Corte analizará su caso, según documentos judiciales revelados este jueves (19).
La FGR cuestionó que, tras 29 años en la cárcel, un fallo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México otorgó a Aburto la cancelación de una sentencia dictada por 45 años.
El tribunal ordenó una nueva sentencia para Aburto por el asesinato de Colosio, candidato presidencial del PRI, con lo que el asesino confeso podría quedar en libertad a más tardar en marzo de 2024.
“Agréguese a este expediente la intervención ministerial 024/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia dictada”, se lee en el expediente del caso en referencia a la impugnación de la FGR.
El recurso se interpone después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera la semana pasada a su Gobierno que revise la liberación de Aburto.
“Pedí a la secretaria de Gobernación que vea este asunto y que vea qué recursos legales tenemos nosotros porque, independientemente de que el señor Aburto tiene derecho a ser protegido por la ley, no es un asunto nada más legal o jurídico cuando se trata del homicidio de un candidato a la Presidencia”, indicó en su conferencia matutina.
Sin embargo, el Primer Tribunal expresó que, “dada la naturaleza del medio de impugnación que se interpone y a fin de no retrasar la pronta impartición de justicia”, enviaría el caso a la Suprema Corte de Justicia.
El caso se traslada al Supremo ante el paro nacional de labores en los juzgados después de que la Cámara de Diputados votara por extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El Poder Judicial concedió un amparo para emitir una nueva sentencia a Aburto porque lo juzgaron con base en el Código Penal Federal, que contemplaba 45 años de cárcel, y no con el ordenamiento legal de Baja California, estado donde aconteció el magnicidio, que señalaba una pena de 30 años.
