La Facultad de Derecho de la Universidad de Colima participa, en cooperación con el Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), en adecuar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la legislación local, a las diversas realidades de los municipios colimenses.
“Se trata de un proyecto que vincula el análisis académico y la gestión pública para alcanzar la adecuación de las leyes vigentes en pro de la equidad de mujeres y hombres según las diversas necesidades de la población”, aseguró en una entrevista la directora de la Facultad de Derecho, Jessica Cristina Romero Michel.
Para hablar sobre la relevancia del proyecto, se reunieron la directora y líder de la encomienda, Romero Michel con la encargada del despacho del ICM, Mónica Liliana Campos Magaña, y las profesoras investigadoras y expertas Bárbara Mancera Amezcua, Lourdes Pérez Vuelvas, Cristina Tapia Muro y Margarita Puente de la Mora, quienes conforman el equipo multidisciplinario.
“Es un trabajo conjunto, que inició desde el mes de septiembre, entre la Universidad de Colima y todas las representaciones municipales encargadas de implementar las políticas públicas en materia de igualdad”, señalo Romero Michel.
“Vamos a identificar -agregó- qué aspectos de las leyes y reglamentos funcionan y cuáles necesitan adecuarse a los estándares internacionales y nacionales; esto en el marco del Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM), que propone la realización de una auditoria legal para verificarlo, precisó la directora”.
Ellas conforman un equipo multidisciplinario para generar las disposiciones acordes a las necesidades reales y, sobre todo, “a la implementación efectiva de las leyes porque -refirió Romero Michel-, una cosa es tener una norma muy bien redactada y otra cosa es que dicha norma no le sea útil a la población”.
Mónica Campos dijo que desde el ICM atienden y confían en el profesionalismo de la casa de estudios, de la Facultad de Derecho y de su Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género (CUpIEG), “de quienes siempre hemos recibido un gran respaldo y apoyo académico”.
Auguró un trabajo coordinado para dar seguimiento a las diferentes metas, en coordinación con INMUJERES, “para llegar a los 10 municipios, aportar y contribuir en sus reglamentos municipales”.
Durante la entrevista, la abogada Mancera Amezcua informó que tendrán mucho trabajo de escritorio colaborativo y que realizarán espacios de diálogos con 3 fechas y 6 mesas de trabajo con las instancias municipales y organizaciones civiles, para llegar a un documento final “que será verificado y validado por las propias instancias municipales, quienes son las encargadas de aplicar la ley”.
Una vez realizado todo este trabajo, adelantó, “se espera que sea sometido a los cabildos correspondientes para lograr adecuaciones y modificaciones estructurales”.
Sobre la dimensión del trabajo conjunto, la directora Romero Michel añadió que participarán estudiantes de la Facultad de Derecho que ya cursaron la materia de género, “lo que hace más dinámico el trabajo, porque son estudiantes inquietas, entusiastas y dispuestas no sólo a aprender sino a involucrarse”.
La abogada Bárbara Mancera puntualizó que “ante la tarea de analizar las leyes necesitamos abogadas, pero principalmente personas con experiencia en política pública y gestión municipal para entender el engranaje y el día a día en las instituciones municipales, que sepan aterrizar estas leyes”.
Sobre el equipo de trabajo, aseguró que todas ellas son mujeres con convicción por la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Lourdes Pérez Vuelvas es abogada y experta en temas municipales y doctora en ciencias sociales; Gloria Margarita Puente de la Mora es especialista en temas de derecho constitucional y género y Cristina Tapia Muro es experta en temas de controles legislativos.
La abogada Pérez Vuelvas aseguró que quieren impactar “en que las normas legales estén adaptadas para la realidad de cada municipio”. Su aportación se enfocará en verificar que lo plasmado en estas leyes sean una obligatoriedad o una atribución de las instancias municipales y que realmente lo estén ejecutando.
En la práctica, dijo, “se genera una legislación federal, pero las realidades locales son muy diversas debido a que bien pueden tener o no recursos humanos asignados, infraestructura material o habilidades en ello”.
Por su parte, Cristina Tapia Muro destacó que el esquema participativo será de lo más valioso del proyecto, “porque las propuestas a las adecuaciones de la normatividad vendrán directamente de las involucradas”. Explicó que habrá mesas de trabajo con cada instancia municipal, “donde les preguntaremos cómo están enfrentando la realidad con el marco normativo preexistente”.
Margarita Puente de la Mora destacó que la Ley Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres data de 2006 y que ha costado trabajo aterrizarla en el ámbito estatal; “Esto se acentúa en el ámbito municipal, porque requiere de una proximidad, ya que es la autoridad municipal la más cercana a la ciudadanía”.
Resaltó también la importancia del trabajo conjunto y coincidió en el fuerte compromiso de las mujeres en la academia y la gestión pública hoy en día, “quienes trabajan para llevar el beneficio más próximo a la población y ciudadanía”.
“Somos las mujeres quienes a final de cuentas debemos estar más involucradas con estas políticas públicas”, agregó Puente de la Mora.
Para finalizar, Barbara Mancera señaló que este trabajo colaborativo responde a las nuevas realidades de la Universidad de Colima, “una institucién en la que se ha avanzado en la transversalización de la perspectiva de género y la participación paritaria; ahora esto se traslada al entorno municipal y estatal fuera de las aulas, y qué mejor que hacerlo con la confianza que las instituciones públicas depositan en la casa de estudios”.
