El partido socialista español cerró este viernes los acuerdos que garantizan la investidura de Pedro Sánchez como jefe de gobierno, mientras resuenan los ecos del pacto alcanzado ayer con los independentistas catalanes de Junts, al que responden los partidos de la derecha con movilizaciones en la calle.
Con los pactos firmados hoy por los socialistas (PSOE) con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y con Coalición Canaria (CC), Sánchez se asegura un apoyo por encima de la mayoría absoluta: 179 votos en el Congreso para su investidura, de los 350 que tiene la Cámara.
Sin embargo, algunos de esos acuerdos, como los alcanzados con los partidos independentistas catalanes ERC y Junts, que consiguieron una amnistía para los implicados en el proceso secesionista catalán desde 2012, suponen un gran desgaste político para los socialistas, con manifestaciones y acosos a sus sedes por parte de la ultraderecha.
Esta situación se refleja en la encuesta que publicó hoy el CIS, centro demoscópico público, en la que el PSOE pierde casi un punto y medio en intención de voto, mientras que el PP gana 1.7 puntos y sería el partido ganador si hubiera elecciones.
Pero pese a todo, la investidura de Sánchez ya es posible, aunque aún no se conoce la fecha del pleno del Congreso donde se debatirá, pero todo indica que se producirá la próxima semana.
El rechazo de la judicatura
La amnistía acordada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes provocó una inmediata reacción en contra del poder judicial, tanto desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, como desde organizaciones profesionales de este sector.
El CGPJ, cuyo mandato caducó hace cinco años y no se renueva por el bloqueo de la oposición conservadora, comunicó a las instituciones europeas “los graves episodios de ataque al Estado de derecho y la separación de poderes” en España tras el acuerdo entre el partido socialista (PSOE) y los independentistas catalanes de Junts.
Según una carta, a la que tuvo acceso EFE, esta institución da cuenta de “los graves episodios de ataque al Estado de derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España”.
Y explica que “con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España” Sánchez “ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad”, en referencia a Carles Puigdemont, líder de Junts y huido de la Justicia española desde el proceso secesionista de 2017.
También todas las organizaciones judiciales rechazaron ese acuerdo, a las que hoy se sumaron los jueces decanos de toda España, al considerar que este acuerdo podría suponer “la quiebra de la separación de poderes”.
El no de los empresarios
Desde la principal organización empresarial española, CEOE, su vicepresidente, Lorenzo Amor, aseguró hoy que el pacto alcanzado entre PSOE y Junts es contrario al Estado de Derecho y genera inseguridad jurídica para las empresas.
En declaraciones remitidas a los medios, Amor manifestó la preocupación del tejido empresarial que provoca el acuerdo, que será analizado en una reunión extraordinaria del comité ejecutivo de la CEOE el próximo lunes.
Presión en la calle
Al rechazo de la judicatura y los empresarios se une la presión en la calle, que comenzó hace una semana, desde que se conoció que se ultimaba el acuerdo con Junts, y para el domingo el PP ha convocado concentraciones en toda España contra la amnistía.
Hoy, la número 2 del partido, Cuca Gamarra, llamó a los “ciudadanos indignados” a manifestarse contra el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts, e hizo un llamado también a algunos dirigentes socialistas que se oponen a esos pactos, pese a que el 87% de los militantes del PSOE los apoyaron en una consulta.
En una rueda de prensa en la sede el PP, Gamarra reiteró que su partido usará todas las vías a su alcance para articular una respuesta “seria y contundente” y dijo que recurrirán a “la vía judicial, la política y la parlamentaria”.
EFE