El Senado aprobó la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sesión del Pleno de este 15 de noviembre.
Según publica El Financiero en su edición web, la separación de Zaldívar de la Corte fue aprobada con los 63 votos de Morena y aliados. La oposición rechazó el dictamen con 43 votos.
Josefina Vázquez Mota, senadora y excandidata presidencial, afirmó que el ahora exministro se va de la Corte con “el sello de la traición”.
“Saldrá por la puerta de la traición, se va como un traidor al Poder Judicial, al juramento de hacer cumplir la Constitución y como un traidor al país, porque ocupando un puesto de tal relevancia, traiciona no solamente sus principios, sino a México”, dijo.
El senador Gustavo Madero aseguró que la dimisión de Zaldívar es parte del “plan macabro del presidente López Obrador” para imponer a una “lacaya” en la Suprema Corte por los próximos 15 años.
“Votaremos en contra de la terna que mande el presidente, pero se regresa la terna y manda otra terna y se rechaza. ¿Y qué sucede? Que el presidente impondrá a la ministra que él decida” adelantó.
El martes, detalla El Financiero, la Comisión de Justicia, presidida por la exministra Olga Sánchez Cordero, avaló la separación de Zaldívar de la Corte. El dictamen fue aprobado con 12 votos a favor y siete en contra que provinieron de la oposición integrada por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural.
El senador Germán Martínez propuso llamar a comparecer al ministro Zaldívar para que explique las razones de su dimisión. Sin embargo, la propuesta fue votada en contra por los legisladores de Morena.
Los senadores de la oposición también argumentaron que no existía una “causa grave” para la renuncia de Zaldívar, tal como lo establece el Artículo 98 de la Constitución. Al ministro le quedaba más de un año en el cargo.
Sánchez Cordero argumentó que no se puede obligar a nadie a que permanezca en un cargo público en contra de su voluntad ya que, al hacerlo, se generaría un ambiente en el que se afectarían seriamente los principios que rigen al servicio público, especialmente en su ámbito jurisdiccional.
Con información de El Financiero
