La Contraloría General del estado de Colima inició procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos por observar incongruencias en el gasto y, para tales efectos, integró el expediente número DAJR/QD/1004/2023, correspondiente a la fiscalización del primer año de Gobierno de Indira Vizcaíno Silva.
Lo anterior, de acuerdo al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación y que, en específico, sobre este expediente, versa la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal para la obtención de las Participaciones del Impuesto Sobre la Renta.
En ese sentido, el máximo órgano auditor de los recursos federales expone que observó que el registro presupuestal de la Cuenta Pública del Capítulo 1000 Servicios Personales y en el concepto 4500 “Pensiones y Jubilaciones” del Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” no es congruente con el importe total de los pagos realizados por concepto de sueldos y salarios y asimilados a salarios al personal.
Al respecto, en una tabla se observa que el Gobierno del estado, destinó 2 mil 667 millones 323 pesos en servicios personales y pago de pensiones y jubilaciones, pagos por sueldos y salarios 2 mil 729 millones 295 mil pesos y en retención total del ISR 208 millones 199 mil pesos, y también expone una inconsistencia del registro por 61 millones 972 mil pesos.
Pese a estas inconsistencias, en su dictamen, la Auditoría Superior de la Federación concluye que durante el Ejercicio Fiscal 2022, el Gobierno del estado de Colima cumplió con los requisitos y las reglas de operación establecidas para la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
Redacción