El Gobierno de Panamá advirtió este martes (21) a los profesores en huelga que les “suspenderá” y “retendrá” el pago del próximo salario si no retornan a las clases, suspendidas en el sector público desde hace casi un mes por las protestas antiminería, mientras que los docentes anunciaron que interpondrán “recursos legales” ante ese posible descuento.
“Con los llamados que hemos reiterado y las solicitudes al retorno, especialmente estos últimos 2 días, para aquellos que no han cumplido con ese llamado se tomarán las acciones administrativas correspondientes y proceder a suspender y retener el pago de la segunda quincena de noviembre”, dijo la ministra de educación de Panamá, Maruja Gorday, en una conferencia de prensa.
La posible suspensión de salario solo afectaría, hasta el momento, a la última quincena de este mes, correspondiente al próximo 30 de noviembre, pues en Panamá.
Un mes de protestas
Panamá vive desde hace casi un mes una oleada de intensas protestas contra un polémico contrato minero, que mantiene el país semiparalizado con bloqueos viales, los cuales han provocado desabastecimiento de productos básicos en algunas áreas, y manifestaciones callejeras, que han bajado la intensidad los últimos días.
La educación es uno de los sectores más impactados por esta crisis, con cerca de 800 mil alumnos de escuelas estatales que no reciben clases desde el pasado 23 de octubre. En el sector privado, el 90% de 800 escuelas que atienden a unos 124 mil estudiantes han seguido dando clases de forma virtual o presencial.
Por su parte, la Asociación de Profesores de Panamá (Asoporf) rechazó las palabras de la ministra de educación alegando que se van a “mantener firmes” y que no se van “a dejar intimidar” por las autoridades.
“Los docentes no nos vamos a dejar intimidar por la ministra de educación (…) Ni los descuentos, amenazas ni las destituciones nos van a asustar. Vamos a interponer los recursos legales para evitar este descuento porque estamos defendiendo a la patria”, señaló Diógenes Sánchez, una de las cabezas de Asoprof, durante una protesta.
El Gobierno de Panamá también anunció en esa rueda de prensa que la derogación del contrato con Minera Panamá, filial de la candiense First Quantum Minerals (FQM), que ha sido el foco de las protestas masivas en el país, “no es jurídicamente viable”, tras consultar al procurador de la administración.
Asoprof, el sindicato obrero Suntrac, y otras organizaciones exigen a las autoridades la derogación de ese polémico contrato minero, incluso presentaron un anteproyecto de ley al Gobierno para derogarlo a través del Parlamento mediante una ley, una opción fallida que los mismos diputados descartaron a principios de este mes.
Sin embargo, ambientalistas y juristas señalan que la mejor vía es esperar la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, cuyo proceso de revisión comenzará este viernes. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo públicamente que acatará la decisión el Supremo, sea cual sea.
