La Comisión Europea (CE) propuso hoy armonizar la legislación y las penas para los responsables del tráfico de migrantes en la Unión Europea (UE), de manera que los casos más graves, por ejemplo la muerte de migrantes en las travesías, se pueda castigar con una pena máxima de al menos 15 años de prisión.
Ello supondrá endurecer las penas para este tipo de delitos, que en la legislación vigente se sitúan en los 8 años, indicó la Comisión en un comunicado.
Bruselas presentó hoy sendas propuestas (una directiva y un reglamento) para actualizar el marco legislativo actual, que tiene 20 años.
El objetivo es ayudar a perseguir y sancionar a las redes delictivas responsables del tráfico de personas y extender la jurisdicción a los casos en los que ciudadanos de fuera de la UE pierden la vida, como ocurre cuando los barcos que utilizan esas redes se hunden en aguas internacionales, dijo la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en rueda de prensa.
La presentación de la nueva normativa coincidió con la celebración de una conferencia internacional de alto nivel en Bruselas con el objetivo de impulsar la cooperación contra el tráfico de migrantes.
Según la Comisión, esas redes, que se dedican simultáneamente al contrabando de drogas y de armas, obtienen beneficios de sus actividades delictivas en todo el Mundo que oscilan entre los 4,700 y 6 mil millones de euros al año (5,100-6,600 millones de dólares).
La UE registró en 2022 alrededor de 331 mil entradas irregulares en sus fronteras exteriores, más del 90% a través de redes de tráfico de personas.
Por otra parte, la pérdida de vidas en esas peligrosas travesías es una constante y solo en el Mediterráneo se han ahogado o han desaparecido más de 28 mil personas desde 2014, según datos de la Comisión.
La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, invitó hoy, en la inauguración de la conferencia internacional, a crear una alianza global contra el tráfico de migrantes, un “desafío común” que trasciende fronteras.
Nuevo marco legal
La Comisión propuso este martes mejorar su marco legislativo con normas mínimas para prevenir y contrarrestar el hecho de ayudar a la entrada, el tránsito y la estancia no autorizadas en la UE.
Por un lado, prevé perseguir eficazmente las redes delictivas organizadas, con una definición más clara del delito de contrabando para centrarse en actividades motivadas por un beneficio financiero o material o con altas probabilidades de causar daños graves a una persona.
La instigación pública a trasladarse a la UE sin autorización también se convertirá en un delito penal e incluirá la publicidad hecha a través de herramientas digitales y redes sociales.
La comisaria de Interior precisó que el objetivo es atacar las redes delictivas y que las ONG de ayuda humanitaria que realizan tareas de búsqueda y rescate en el mar no serán criminalizadas.
La normativa prevé, además, penas armonizadas que reflejen la gravedad del delito, de manera que los delitos agravados (que causen la muerte de una o más personas) se castigarán con una pena máxima de prisión de al menos 15 años.
Otra finalidad es mejorar el alcance de la jurisdicción para que la normativa de los Estados miembros también se aplique cuando los barcos se hundan en aguas internacionales y mueran personas.
Esas leyes se extenderán a otros casos, incluidos los delitos cometidos a bordo de buques o aeronaves matriculados en los Estados miembros.
Se pedirá también a los países que trabajen en la prevención del tráfico ilícito de migrantes con campañas de información y sensibilización, y se les instará a recopilar y presentar datos estadísticos anualmente para mejorar la detección de casos y la respuesta.
Por otra parte, con las nuevas normas se podrá exigir a los Estados miembros disponer de las autoridades judiciales y policiales necesarias para garantizar una prevención eficaz, investigación y enjuiciamiento de los infractores.
El Ejecutivo comunitario quiere dar a la agencia Europol un papel más relevante, y propone crear el Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes para acciones operativas e investigaciones en la UE.
Ello ayudará, defiende Bruselas, a mejorar el intercambio de información entre la UE, Estados Unidos, Europol y otras agencias comunitarias (Eurojust, Frontex), así como terceros países.
Próximos pasos
Las propuestas legislativas de la Comisión serán ahora negociadas por el Parlamento Europeo y el Consejo (países miembros de la UE).
La Comisión se comprometió además a trabajar para que salga adelante la alianza global contra el tráfico ilícito de migrantes anunciada hoy en la conferencia internacional.
Para ello, habrá reuniones periódicas para pasar revista a los avances, siendo la próxima en Copenhague en la primavera de 2024.
