La gobernadora Indira Vizcaíno en la conferencia de prensa “Diálogos por la Transformación”, criticó que la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (Capdam) “cortara” el agua en las instalaciones de la sede del Poder Judicial en el puerto, y adelantó que se está preparando una respuesta jurídica, pues no hubo ni notificaciones ni requerimientos.
“Son espacios que de origen eran del municipio y que se generó una especie de comodato, usufructo, y que no hay ningún antecedente del tema de agua potable. Entonces, nosotros estamos ya viendo las acciones legales que correspondan, no solamente en términos de reconexión, sino que si hay algo que hacer en todo este asunto de reconocer quién está haciendo uso o a nombre de quién está el lugar”, aclaró.
Aseguró que de parte del Gobierno estatal siempre se ha asumido un compromiso del pago del agua y que se cumplirá en consecuencia, aunque aclaró que se busca tener los elementos legales para poder erogar un recurso justificado y así no incurrir en desvío de recursos.
Puntualizó, asimismo, que los terrenos no están en propiedad del Gobierno del estado y que no hay antecedente del cobro de agua, por lo que calificó de “ilegal” la manera en cómo se suspendió el suministro.
“Lo legal y lógico es que primero se notificara y luego se hiciera el procedimiento respectivo, pero eso ya lo está atendiendo el área administrativa y jurídica del Gobierno estatal”, afirmó la gobernadora.
En otro tema, la gobernadora insistió en que construir un hospital en el actual terreno del siniestrado hospital del IMSS, en Salagua, no es lo más óptimo, ni en términos económicos, por ser un área comercial, tampoco por mantenimiento debido al nivel de corrosividad del mar.
Propuso que, si no se hace la permuta, el espacio sea utilizado para la construcción de un centro vacacional del IMSS, instalaciones que se encuentran en otros estados del país al servicio de la población en general.