La líder política Keiko Fujimori y su hermano Kenji ingresaron la tarde de este miércoles al penal de Lima donde se encuentra recluido su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a la espera del cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó su liberación.
Keiko se dirigió al centro penitenciario, ubicado en el interior de un cuartel policial en el distrito de Ate, en el este de Lima, manejando una camioneta en la que solo estuvo acompañada por Kenji y por la esposa de este.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, declaró horas antes que el exgobernante abandonaría el penal este miércoles, cuando sus hijos llegaran a recogerlo.
Desde la mañana de este miércoles, decenas de seguidores de Fujimori, periodistas y policías se mantienen a las afueras del penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión ubicada en esa zona.
El Tribunal Constitucional (TC) ordenó este martes la libertad inmediata de Fujimori, en restitución del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
La resolución del TC, que fue firmada por 3 de sus actuales 6 miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró “fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso”.
El Constitucional tomó esta decisión después de que un juzgado de la región sureña de Ica declaró el viernes pasado improcedente una primera resolución suya que restablecía el indulto.
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó este miércoles una resolución en la que requiere al Estado peruano que se abstenga de liberar al exgobernante, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La resolución, firmada por el presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, requiere a Perú que no libere a Fujimori hasta que la Corte Interamericana “cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022”.
En abril de 2022, la CorteIDH ordenó a Perú abstenerse de aplicar una sentencia del TC que ratificaba este indulto, pues era contraria a las sentencias del tribunal internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel.
