Mientras que los directivos de la UNAM y el IPN fueron excluidos del Consejo de Salubridad General, fueron ingresados los titulares de Sedena y Semar, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, respectivamente, a través de un decreto publicado ayer por el presidente López Obrador.
“En ciertas políticas de salud no está tan recomendado, por ejemplo, incluir a las fuerzas armadas en la toma de decisiones porque se les da voto en decisiones que afectan a la población civil, aunque son parte del sistema de salud porque tienen sus hospitales y derechohabientes es muy diferente cómo se atienden a la población civil a la de las fuerzas armadas”, advirtió Andrés Quintero, experto de salud pública en la Facultad de Medicina de la UNAM.
Además, agregó, el porcentaje de atención que otorgan las fuerzas armadas a la población es mínimo.
Según publica Reforma en su edición digital, el también especialista de la Fundación Mexicano para la Salud alertó que llama la atención que se le otorguen cada vez más concesiones, incluido en el ramo de salud, a las fuerzas armadas, como la distribución de medicamentos, además de que la mega farmacia también estará involucrada.
“Tareas civiles que deberían estar a cargo de instituciones civiles, cada vez se interviene más por parte de las fuerzas armadas. Eso pone en riesgo que, si las autoridades civiles no están tan de acuerdo con lo que están haciendo o administrando los militares, pues la capacidad que tengamos de discusión y diálogo, sea muy baja, porque ellos tienen la administración, la distribución, incluso en voz y voto en otros entornos que antes no se incluían”.
Para el experto, con la exclusión de la academia y de la sociedad civil en el Consejo, se acabaron los contrapesos, los cuales sirven para dialogar lo que es más beneficioso para la mayoría.
“Tener contrapesos enriquece la discusión, entre más actores del Ejecutivo metas a la toma de decisiones pues baja el diálogo”, lamentó.
“Quitan la capacidad de democratización de órganos que al ser colegiados permitían el intercambio de opiniones. Entre menos opiniones tienes y las cargas hacia un lado, pues las decisiones se toman unilaterales”, lamentó.
Explicó que una de las funciones del Consejo es aprobar ciertos tratamientos.
“Decisiones muy importantes cómo qué fármacos se van a aprobar en el cuadro de insumos básicos es parte de lo que hace el Consejo; entonces si la política sigue siendo todo para todos, de pronto se pueden aprobar tratamientos que realmente no cumplan con lo necesario para las instituciones o que la academia tenga otros argumentos”.
Quintero mencionó que el Consejo es un órgano colegiado que está al mismo nivel que el Ejecutivo y nació para tomar el mando durante condiciones especiales, como las emergencias sanitarias.
“(La idea era) que la toma de decisiones se hiciera por parte de personas expertas que llevaran un criterio técnico y no político en la toma de decisiones en salud.
“Había a lo largo de su historia incorporado a ciertos miembros como las universidades públicas más grandes del país, como la UNAM y el Politécnico Nacional, y algunas otras instituciones y asociaciones civiles”.
Dijo que la ventaja de tener órganos colegiados con miembros permanentes que tenían voz y voto, es que la sociedad estuviera contemplada.
Aseguró que durante la pandemia de Covid-19 el Consejo tuvo un papel gris.
“Llamó mucho la atención que quien realmente tomó las riendas, incluso de la comunicación, fue la Secretaría de Salud, a través de la subsecretaría de prevención y promoción de la salud”.
Con información de Reforma
