La reforma de pensiones del presidente chileno, Gabriel Boric, uno de sus proyectos estrella, avanza en el Parlamento tras el reciente acuerdo entre el Gobierno y sectores de la oposición de centro derecha y será votada previsiblemente la próxima semana en el pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la reforma fue aprobada la noche del lunes en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara y será discutida este martes en la Comisión de Hacienda.
“Más allá de los gallitos y las disputas entre un sector político y otro, lo que le importa a los chilenos y chilenas es que nos pongamos de acuerdo y subamos las pensiones. Lo que ellos no podrían entender, es que por mezquindades políticas no seamos capaces de llegar a un acuerdo”, dijo en una rueda de prensa el mandatario progresista.
El Gobierno anunció el lunes que decidió acoger la propuesta de partidos de centro derecha como la Democracia Cristina, el Partido de la Gente y Demócratas, lo que ha permitido destrabar el debate de una reforma que se presentó inicialmente en noviembre de 2022 y cuya discusión ha estado estancada más de un año.
La reforma propone la creación de un sistema mixto y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos privados de pensiones -hasta ahora en manos de empresas privadas- y busca subir la cotización del 10% actual al 16%, a cargo del empleador.
El principal punto de fricción es el destino de ese 6% adicional, que el Gobierno quería destinar inicialmente a un seguro social, pero finalmente optó por una fórmula que concita más apoyos y que reparte un 3% al seguro social y otro 3% a la capitalización individual.
Tanto la coalición de derecha Chile Vamos como la ultraderecha rechazan la nueva distribución y quieren que el 6% vaya totalmente a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador.
“Nos dimos cuenta de que en las negociaciones no había viabilidad para ese proyecto y, por lo tanto, hemos hecho diferentes propuestas (…) Ahora llegamos a un consenso con el centro político, que ha tenido la buena voluntad de llegar a un acuerdo para poder avanzar”, apuntó Boric, quien agregó que “cuesta entender que haya sectores políticos que digan que no están dispuestos a pasar sus votos”.
El sistema de pensiones chileno, creado por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), fue pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10% mensual de su sueldo a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile y que es gestionada por las polémicas administradoras privadas de pensiones (AFP).
En los últimos años, el modelo ha sido ampliamente criticado por las escasas pensiones que otorga: la pensión promedio a junio de 2023 fue de 283,455 pesos chilenos para los hombres (321 dólares) y 111,237 pesos para las mujeres (cerca de 126 dólares), respectivamente, según la Superintendencia de Pensiones.
Gobiernos anteriores intentaron sin éxito reformar totalmente el sistema y hasta ahora solo se han aprobado reformas parciales, como la creación en 2008 de una pensión financiada por el Estado para los más pobres que no habían cotizado y que fue aumentada en 2021.
