Human Rights Watch (HRW) denunció una presunta suspensión de las órdenes de arresto que pesaban sobre 2 exministros libaneses imputados por la explosión que en agosto de 2020 causó más de 200 muertos y 6,500 heridos en Beirut.
“La decisión por parte del máximo tribunal de la que se habla (…) llega después de años con pruebas de que la investigación doméstica del Líbano ha estado bloqueada y sentenciada por interferencias políticas”, criticó el investigador de HRW, Ramzi Kaiss, en un comunicado emitido por la organización.
El experto consideró que casi 3 años y medio después de la tragedia las autoridades del país “siguen priorizando la impunidad antes que la justicia”, por lo que renovó los llamados de la ONG a la apertura de una investigación independiente.
HRW no mencionó los nombres de los exministros a los que se habrían levantado las órdenes de arresto y que habían sido “imputados en el caso de la explosión de Beirut”.
La pesquisa involucra al extitular de Finanzas, Ali Hasan Jalil, así como a los exresponsables de Obras Públicas, Yusuf Fenianos y Ghazi Zaiter, todos ellos en el cargo durante parte de los años que el nitrato de amonio causante de la deflagración permaneció almacenado en el puerto capitalino sin medidas de seguridad.
La investigación iniciada en el país poco después de la explosión lleva suspendida desde finales de 2021 debido a una serie de recursos presentados por ex altos cargos sospechosos en el caso contra el juez investigador, Tarek Bitar.
Hace un año, Bitar trató de reanudar la pesquisa de forma unilateral, pero acabó siendo denunciado por el fiscal general del Líbano, Ghasan Oueidat, una de las personas que había llamado a declarar en las semanas siguientes junto a exministros y ex altos mandos de la seguridad.
Oueidat también ordenó entonces la liberación de todas y cada una de las 17 personas que habían permanecido detenidas en relación con el caso, amparándose en su derecho a la libertad al no haber una investigación en activo desde hacía casi un año.
