El Poder Judicial de Perú aceptó un recurso de apelación interpuesto por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) para que se revise de oficio la orden de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso mientras es investigado por el delito de organización criminal.
La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que en un primer momento declaró infundada esa medida, indicó el Poder Judicial en la red social X.
Sin embargo, el juez emitió luego una nueva resolución, con la que “elevó el expediente a la Sala Penal Permanente que resolverá la pretensión de excarcelación de Castillo”, añadió el mensaje.
En esta última decisión, Checkley argumentó que el recurso “cumple con los requisitos” que exige la justicia peruana, ya que Castillo “posee interés y legitimidad” para presentarlo y cumplió con hacerlo en el plazo que establece el Código Procesal Penal.
Resolvió, por ese motivo, conceder el recurso de apelación y enviarlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia “para los fines pertinentes”, con lo que ese máximo tribunal deberá ahora decidir sobre el pedido de Castillo para que se anule los 36 meses de prisión dictados en su contra.
Tras ver esta petición, el juez Checkley inició una audiencia virtual para revisar otra petición de Castillo para que se anule la acusación fiscal que solicita que se le impongan 34 años de cárcel por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Esa audiencia, de tutela de derechos, fue solicitada por el exgobernante por considerar que se vulneró su derecho a ser informado de la imputación de los hechos que originaron el proceso que se le sigue por presunta rebelión.
Como parte de su pedido de garantías, el exmandatario también plantea que se resuelva su solicitud de sobreseimiento (archivo) de la causa.
La Fiscalía de Perú solicitó el pasado viernes 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
El exmandatario cumple una orden de prisión preventiva por 18 meses por los sucesos del fallido golpe de Estado, además de los 36 meses de prisión mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
