El Gobierno de México reveló una carta que envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para advertirle de las consecuencias de liberar a 8 militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que se concretó el fin de semana pasado.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, publicó en sus redes sociales la misiva que mandó el 12 de diciembre a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, sobre el caso de los jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.
“Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano”, apuntó Alcalde.
El escrito se publica tras la polémica que desató el fin de semana una jueza federal del Estado de México que ordenó excarcelar a los 8 militares “por falta de pruebas”, por lo que seguirán su proceso en libertad condicional al pagar 50 mil pesos.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó el actuar del Poder Judicial, al argumentar este martes que en esta carta habían alertado a la titular de la Suprema Corte de las implicaciones de liberar a los militares.
En la misiva, la secretaria de Gobernación argumentó que “existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”.
“Confiamos en el que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”, escribió Alcalde.
El episodio representa un nuevo choque de López Obrador con la Suprema Corte, pues en marzo pasado el mandatario afirmó que “apenas llegó” la nueva presidenta “se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.
Pese a las quejas del Gobierno, han incrementado las acusaciones de las familias de las víctimas y organizaciones civiles sobre que el Ejército y el presidente están encubriendo a los militares.
Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa creada por López Obrador, aseveró el domingo que abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litigan contra la investigación.
La Comisión de la Verdad, que presidió Encinas hasta su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos en octubre pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.
La investigación desacreditó la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como “verdad histórica”, sobre que policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero.
