Organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y feministas de Ecuador se posicionaron este jueves en contra de las propuestas formuladas por el presidente Daniel Noboa para reducir el déficit nacional y lograr recursos para el “conflicto armado interno” que ha declarado contra el crimen organizado.
Entre las medidas propuestas por Noboa está el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15%, mientras que también ha sugerido la posibilidad de dilatar por un año el plazo de cierre y desmantelamiento del Bloque 43-ITT, uno de los principales yacimientos petroleros de Ecuador, conforme al resultado del plebiscito celebrado el año pasado para cesar esa explotación situada en el amazónico Parque Nacional Yasuní.
En una rueda de prensa, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, anticipó que recurrirán ante la Corte Constitucional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cualquier intento de aplazar el cierre del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini).
Iza recordó que más del 60% de los ecuatorianos se manifestaron a favor de detener la operación petrolera en ese enclave natural en la consulta nacional celebrada en agosto pasado, y que la Corte Constitucional dispuso un plazo de un año desde la proclamación de los resultados oficiales para desmantelar las instalaciones.
Esto supone, según las estimaciones de la empresa estatal Petroecuador que opera el yacimiento, dejar bajo tierra reservas de petróleo por valor de 13,800 millones de dólares para los próximos 20 años, por lo que Noboa planteó esta semana la posibilidad de extender un año más su operación en un momento crítico para la economía ecuatoriana.
“Presidente Noboa, está en el punto de demostrar que es un absoluto oportunista o un demócrata, porque los demócratas respetan la voluntad popular y los oportunistas se aprovechan de ella”, manifestó Iza.
“Continuación de políticas neoliberales”
Para el presidente de la Conaie, la mayor organización social del país, “el Gobierno de Noboa es la continuación de los gobiernos de (los expresidentes) Guillermo Lasso, Lenín Moreno y de todos los que han sostenido políticas neoliberales”.
“Ahora está más claro que el presidente, tomando un tema tan jodido para los ecuatorianos como la inseguridad, ha agachado la cabeza y ha asumido con plenitud la imposición del FMI (Fondo Monetario Internacional)”, añadió.
El líder del movimiento indígena insistió en su propuesta de eliminar exoneraciones tributarias a las rentas más altas en lugar de “continuar la explotación petrolera del Yasuní y sacar la plata a los pobres”.
En la misma medida coincidió el abogado Pedro Bermeo, portavoz del colectivo ambientalista Yasunidos, que promovió la consulta popular sobre el Bloque 43-ITT, en un proceso que supuso una batalla legal de 10 años contra las instituciones estatales para poder celebrar el plebiscito.
“Le recordamos al presidente que no es su decisión el incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional, y más aún el mandato popular de todos los ecuatorianos”, señaló Bermeo.
El letrado advirtió que el incumplimiento del dictamen tiene consecuencias administrativas, civiles y penales, incluida una eventual destitución presidencial.
“Una falsa dicotomía”
De su lado, Micaela Camacho, del colectivo feminista “Cholas Valientes”, advirtió “una falsa dicotomía que nos plantean entre el aumento del IVA y mantener la explotación del Yasuní-ITT mientras al mismo tiempo se perdonan deudas millonarias a los grandes empresarios”.
“No puede existir una verdadera democracia ni libertad cuando se nos impone elecciones manipuladas similares a las relaciones violentas donde un agresor te fuerza a elegir entre opciones que te perjudican entre varias maneras”, dijo Camacho.
“Nos negamos a financiar la guerra patriarcal y racista y denunciamos el ‘paquetazo’ económico encubierto como una respuesta frente a la crisis. Las élites proponen continuar la devastación ambiental aprovechando la crisis y seguir afectando a los intereses más vulnerables”, añadió.
A inicios de enero, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado al nivel de “conflicto armado interno” tras una oleada de violencia que incluyó motines en cárceles con unos 200 rehenes ya liberados y la toma de un canal de televisión, por lo que pasó a considerar a estas bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
