Partidos políticos opositores de Venezuela condenaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ratificar la inhabilitación de la principal líder antichavista, María Corina Machado, que le impide participar en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año.
“En Un Nuevo Tiempo (UNT) deploramos esta decisión del TSJ contra María Corina que, a todas luces, es inconstitucional”, dijo el vicepresidente de esta formación política, Luis Emilio Rondón, citado en un comunicado.
El vocero aseguró que, pese a la inhabilitación, se mantendrán en “la ruta electoral” y en unidad para “lograr vencer los obstáculos y consolidar el cambio político en Venezuela”.
El partido Voluntad Popular (VP), liderado desde el exilio por Leopoldo López, también rechazó la decisión y aseguró que “una elección sin María Corina Machado no es una elección libre”.
En un comunicado, VP señaló que la ratificación de esta medida administrativa contra Machado “destruyó” los acuerdos firmados en Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, donde se acordó, entre otras cosas, la revisión de las inhabilitaciones impuestas a antichavistas.
Por su parte, Primero Justicia (PJ), formación de la cual forma parte el opositor Henrique Capriles, cuya inhabilitación también fue ratificada, aseguró que las sentencias emitidas por el Supremo violan los derechos de estos políticos y los de “todos” los ciudadanos.
“Denunciamos que esta decisión viola los acuerdos de Barbados y hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional: la dictadura de Nicolás Maduro busca aferrarse al poder a toda costa y es el momento de redoblar el apoyo a la causa democrática de nuestro país”, pidió PJ.
Los partidos insistieron en su respaldo a Machado, elegida como candidata presidencial de la mayoría opositora en unas primarias en las que obtuvo el 92.35% de los votos.
El TSJ informó de la habilitación de 5 opositores que no gozan de popularidad en pleno año electoral y, en cambio, ratificó las medidas administrativas -ambas con 15 años de duración- en contra de Capriles y de Machado.
Se espera que las delegaciones del régimen y de la oposición que firmaron acuerdos en Barbados, el pasado mes de octubre, fijen postura en torno a estas decisiones.
