El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) seguirá cumpliendo 36 meses de prisión preventiva mientras es procesado por la presunta comisión de varios delitos de corrupción, según ratificó este martes la Corte Suprema.
“El Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación del expresidente Pedro Castillo, por el cual pretendía (que) se revise de oficio la prisión preventiva que se le impuso por 36 meses, en el marco de la investigación por organización criminal”, indicó el Poder Judicial en la red social X.
La resolución indicó que los argumentos presentados por la defensa del exmandatario son “ilógicos, imprecisos y vagos”.
Añadió que, con esta decisión, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó por unanimidad la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, expedida el 27 de diciembre de 2023, que también desestimó la solicitud del investigado exmandatario.
En la resolución, la Corte Suprema afirma que la defensa de Castillo, que solicitó la revisión de la prisión preventiva dictada en su contra con el objetivo de que esta medida sea sustituida por comparecencia simple, “no logró desvirtuar, y menos modificar siquiera proximalmente, los presupuestos que justificaron la prisión preventiva”.
Y que los videos y las pruebas instrumentales, incorporadas en cantidad exigua, “no resultan pertinentes, conducentes o útiles para adoptar una decisión en la presente revisión de oficio de la prisión preventiva”.
“En realidad, están acompañados de alegatos interpretativos sin capacidad epistemológica para lograr el cometido que el peticionante pretende —el cese de la prisión—, pues son ilógicos, imprecisos y vagos”, concluyó la sala penal.
Así, Castillo seguirá cumpliendo los 36 meses de preventiva por presuntamente ser autor de los delitos de organización criminal agravado y tráfico de influencias agravado, y como cómplice del delito de colusión, todos en agravio del Estado peruano.
El 16 de noviembre, el Poder Judicial dispuso levantar el secreto de las comunicaciones del expresidente y sus exministros (de Transportes) Juan Silva y (Vivienda) Geiner Alvarado; quienes son investigados por organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
Este caso investigado por la Fiscalía es denominado “Gabinete en la sombra”, en referencia a una supuesta red de corrupción dedicada al redireccionamiento de obras.
Por otro lado, Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado, pronunciado el 7 de diciembre, fecha desde la cual se encuentra retenido en el penal limeño de Barbadillo.
