El Gobierno de Guatemala acordó este miércoles buscar líneas de trabajo interinstitucional con el Ministerio Público (Fiscalía), dirigido por Consuelo Porras, señalada de haber intentado impedir la investidura del nuevo presidente, Bernardo Arévalo de León.
“La colaboración y el trabajo conjunto con el Ministerio Público es un elemento esencial para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en materia de seguridad en este nuevo Gobierno”, declaró el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, después de una reunión con la fiscal Porras.
En una prueba de fuerza, el presidente Arévalo y la fiscal Porras se citaron mutuamente en las primeras semanas del nuevo Gobierno, luego de que la jefa del Ministerio Público intentara evitar el cambio de mando, desde el 12 de julio pasado con una serie de acciones judiciales en su contra.
De acuerdo con Jiménez, el presidente Arévalo le indicó que tenían “que fortalecer el trabajo técnico y operativo con el Ministerio Público”.
La fiscal general y el ministro Jiménez aseguraron que continuarán con una serie de reuniones técnicas la próxima semana “con el objetivo de darle seguridad y justicia al pueblo de Guatemala”.
“Dentro de los acuerdos alcanzados, se establecieron puntos de contacto entre ambas instituciones y se ha propuesto reuniones para la revisión y ejecución de los convenios de cooperación vigentes”, explicó Porras.
En días pasados, Arévalo de León expresó en una entrevista con la agencia informativa EFE que pediría la renuncia de Porras, debido al papel que desempeñó para intentar revertir su victoria electoral.
Mientras tanto, Porras, sancionada por Estados Unidos por su participación en actos de corrupción, respondió, hace 2 semanas, que no dejará su cargo y que concluirá su mandato hasta 2026.
Coordinación en seguridad y narcotráfico
De acuerdo con la fiscal Porras, el Ministerio Público se comprometió a trasladar al ministro del Interior y de la Defensa los avances de la creación del Centro Integrado Nacional contra la Narcoactividad en Guatemala, “para que el proyecto continúe avanzando”.
Otro de los acuerdos entre el Gobierno de Arévalo de León y la Fiscalía General ha sido avanzar en la capacitación técnica de agentes policiales, así como generar avances para lograr ejecutar más de 8 mil órdenes de captura pendientes.
En septiembre del año pasado, Arévalo de León acusó públicamente a Porras de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura presidencial.
La Fiscalía intentó cancelar el partido Movimiento Semilla, de Arévalo de León, e incluso trató de anular los resultados electorales de las jornadas del 25 de junio y 20 de agosto pasados.
Arévalo de León, de 65 años, se convirtió en el primer presidente progresista de Guatemala y existen grandes expectativas sobre su Administración, debido a sus promesas electorales de hacer frente al deterioro democrático y a la corrupción estatal del país centroamericano.
