El Gobierno de la India está aplastando el derecho a manifestarse pacíficamente de los agricultores indios, que se han visto bloqueados por barreras y gases lacrimógenos en sus intentos por alcanzar Nueva Delhi y exigir garantías a la producción, denunció este miércoles Amnistía Internacional (AI).
La organización pro derechos humanos llamó a las autoridades indias a “dejar de aplastar la disidencia pacífica”, indicó en un comunicado.
“En vez de facilitar el derecho a manifestarse, el Gobierno indio está una vez más haciendo todo lo posible para reprimir las protestas pacíficas de los agricultores”, dijo el director de AI en el país asiático, Aakar Patel.
El Ejecutivo nacionalista hindú del primer ministro, Narendra Modi, debería investigar en su lugar las acusaciones de uso excesivo de la fuerza contra los agricultores en el estado norteño de Punjab, añadió.
“Además, no se deberían utilizar granadas de humo mediante aeronaves no tripuladas”, dijo AI, en referencia a las denuncias de que las fuerzas de seguridad han utilizado drones para hacer llover granadas lacrimógenas sobre los agricultores.
Una comitiva formada por miles de campesinos y cientos de tractores lleva 2 días tratando de cruzar la frontera entre Punjab, conocido como el “granero de la India”, y el estado vecino de Haryana con el objetivo último de alcanzar Nueva Delhi y hacer llegar al Gobierno sus peticiones.
Convocados por varios sindicatos, los agricultores piden entre otras cosas garantizar por ley los precios mínimos de venta sobre la producción (MSP) de ciertas cosechas, para proteger así su valor ante la fluctuación del mercado y las grandes empresas.
La implementación de los precios mínimos fue una de las principales reivindicaciones de las protestas campesinas entre 2020 y 2021, cuando miles de agricultores acamparon por casi 15 meses en las fronteras de la ciudad en respuesta a una reforma agraria promovida por el Gobierno indio.
Modi tuvo que ceder a la presión y derogar la ley, que según los agricultores daba demasiado poder a las grandes empresas al desregular el mercado, pero los sindicatos consideran que el Gobierno no ha cumplido con todas sus demandas 2 años después.
