El Fiscal del equipo especial Lava Jato en Perú, José Domingo Pérez, afirmó que la excandidata presidencial Keiko Fujimori tomó el control del Ministerio Público cuando estaba bajo el liderazgo de la ahora suspendida Fiscal general, Patricia Benavides.
En una rueda de prensa ante la Asociación Peruana de Prensa Extranjera (Apep), Pérez declaró que esta situación se produjo en el marco de la investigación del supuesto caso de corrupción conocido como “Cócteles”.
Por este caso, Pérez ha solicitado 30 años de prisión para la líder del partido Fuerza Popular por la presunta comisión de delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.
“Estos fiscales y todos los que vayan a intervenir en el juicio van a tener temor, miedo, preocupación de poder cometer actos que puedan afectar los intereses de quien ya tomo el control de la Fiscalía bajo la gestión de Patricia Benavides y me refiero a la acusada Keiko Fujimori, y al partido también acusado, Fuerza Popular”, afirmó el fiscal Pérez.
Explicó que la destitución del suspendido coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, que contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y las amenazas y desprestigio a los que se están viendo envueltos, es un mensaje para el fiscal que le pueda sustituir si también la apartan del cargo y a jueces y testigos que intervengan en el juicio contra Keiko Fujimori.
Sostuvo que, en las declaraciones filtradas a medios de Jaime Villanueva, exasesor de Benavides que fue detenido por su participación en una supuesta red de tráfico de influencias liderada presuntamente por la suspendida fiscal general, queda claro que había un pacto entre Fuerza Popular y el Ministerio Público para dificultar las investigaciones del caso “Cócteles”.
“La actividad criminal de Fuerza Popular continúa en el presente y ha tenido injerencia nuevamente en la Fiscalía de la Nación como ocurrió en la gestión de Pedro Chávarry (ex fiscal general 2018-2019 y quien fue suspendido)”, dijo Pérez.
En este sentido, ambos expresaron su preocupación acerca de que el juicio oral contra Keiko Fujimori se haya retrasado hasta el 1 de julio, pese a que el control de acusación concluyera hace meses.
“Teníamos la expectativa de que el Poder Judicial del Perú inicie el juicio oral de inmediato y no lo ha hecho. Creo que eso siempre favorece a la corrupción, más todavía cuando hay una especulación de que otros órganos del sistema de Justicia, como es el Tribunal Constitucional, pudiera favorecer también la señora Fujimori”, afirmó Vela a EFE.
También expresaron que el testimonio de Villanueva, quien se acogió a la colaboración eficaz para declarar sobre los supuestos pactos de Benavides con congresistas que buscaban el archivo de investigaciones, se está usando para desviar la atención a otros casos y cuestionar la propia investigación de Lava Jato.
“Mas preocupa que se esté usando este mecanismo para afectar el testimonio de Villanueva y que después no sea útil”, dijo Vela.
Pérez indicó que se está dando “un tratamiento nefasto” de una persona sometida a un proceso de colaboración eficaz para obtener información, para dañar la operación Lava Jato, pero también amenazar al periodismo independiente que investiga la corrupción en torno a Fujimori.
