La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU exigió este viernes a Israel la implementación “inmediata y efectiva” de las medidas cautelares dictadas el 26 de enero para evitar un genocidio en la Franja de Gaza.
La CIJ, sin embargo, no considera necesario reclamar medidas adicionales a Israel, tal y como solicitó Sudáfrica por la situación en Rafah.
En su decisión, comunicada hoy a Sudáfrica y a Israel, la Corte observó que los acontecimientos más recientes en la Franja de Gaza, y en Rafah en particular, “incrementarían exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria con incalculables consecuencias regionales”, como afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, Antònio Guterres, el pasado 7 de febrero ante la Asamblea General de la ONU.
“Esta peligrosa situación exige la implementación inmediata y efectiva de las medidas provisionales indicadas por la Corte en su Orden de 26 de enero de 2024, que son aplicables en toda la Franja de Gaza, incluida Rafah, y no exige la indicación de medidas provisionales adicionales”, señaló la CIJ en una carta a las partes.
Por ello, la Corte enfatizó que “el Estado de Israel sigue obligado a cumplir plenamente con sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio y con dicha Orden, incluso garantizando la seguridad de los palestinos en la Franja de Gaza”.
La CIJ tomó esta decisión en el caso relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza presentado por Sudáfrica contra Israel, tras considerar la petición plantada por las autoridades de Pretoria el pasado día 12 y las observaciones enviadas este jueves por Israel.
El Gobierno de Israel afirmó la víspera que la solicitud urgente de Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia de la ONU para examinar su decisión de expandir sus operaciones militares en el sur de la Franja de Gaza es “inadecuada” y busca “usar indebidamente” el procedimiento de medidas provisionales de este órgano.
La solicitud sudafricana mostraba una “profunda preocupación” porque “la ofensiva militar sin precedentes contra Rafah, anunciada por el Estado de Israel, ya ha causado y tendrá como resultado más ataques a gran escala, matanzas, daños y destrucción”, lo que constituiría -dicen- una violación de la Convención contra el Genocidio y de las medidas cautelares que la CIJ exigió a Israel el pasado 26 de enero.
EL Gobierno israelí, por su parte, defendía que Sudáfrica no ha aportado “ninguna base legal o factual” para la modificación de esas medidas cautelares y cree que este país “pretende esencialmente volver a litigar” el caso sobre el que ya se ha pronunciado la CIJ sin “ninguna razón” para concluir que la situación que justificó las medidas provisionales ha cambiado desde entonces.
El Gobierno sudafricano ha sido históricamente un firme defensor de la causa palestina y el partido gobernante, el Congreso Nacional Africano, ha vinculado a menudo esa causa con su propia lucha contra el régimen segregacionista del “apartheid” (1948-1994).
