El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), magistrado Juan Carlos Montes y Montes, determinó con su voto de calidad no apoyar a 5 magistrados que estaban solicitando que el Poder Judicial iniciara una controversia constitucional en contra de un acuerdo expedido por la titular del Poder Ejecutivo local, Indira Vizcaíno, donde se está dando una franca intromisión al Poder Judicial, aseguraron en una entrevista los magistrados Alfredo Salazar y Sergio Bravo.
Cuestionados a la salida de la sesión extraordinaria donde se abordó el asunto, que al llevarse a cabo la votación quedó empatada, pues 5 miembros del Poder Judicial estuvieron a favor de que se iniciara la mencionada controversia constitucional y 5 estaban en contra, por lo que el voto de calidad para el desempate estuvo en poder del presidente del STJ.
El magistrado Bernardo Salazar explicó que solicitaron una sesión extraordinaria para presentar la solicitud de controversia constitucional en contra de los lineamientos que emitió en su momento el Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora Indira Vizcaíno, para “controvertir básicamente lo que tienen que ver con la evaluación de los magistrados”.
Destacó que el argumento toral es que esos lineamientos, “donde si bien es correcta la evaluación, hay que considerar que nunca se habían evaluado para efectos de ser ratificados”.
El expresidente del STJ dijo que lo sugerido por la titular del Ejecutivo “no es la forma, ya que esos puntos no pueden estar en unos lineamientos administrativos, tienen que estar en una ley, para lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio los parámetros a seguir, y ha sido muy puntual en señalar que son 2 momentos, uno es el nombramiento y otro es la ratificación previa evaluación”.
Salazar Santana explicó que lo que ellos estaban planteando es “que se revise esa situación y en su caso se corrija, es factible hacerlo, se puede hacer una reforma a la Ley Orgánica (del Poder Judicial), establecer un procedimiento y establecer quiénes son los órganos que deben encargarse de esta función”.
Sin embargo, dijo, al hacerlo a través de un acuerdo, “que insisto, son acuerdos administrativos, donde están los lineamientos, implica, y así se planteó en el pleno del Poder Judicial, una vulneración abierta a la división de poderes, que conlleva un nivel de intromisión y de dependencia, sobre todo porque en ese acuerdo se imponen una serie de obligaciones, de mandatos directos del Ejecutivo al Poder Judicial, lo cual entendemos, no debe ser así”.
Para 5 de los 10 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo que el Poder Ejecutivo pretende hacer con este acuerdo publicado el 11 de enero en el periódico oficial El Estado de Colima, es lograr la subordinación del Poder Judicial.
