Amnistía Internacional (AI) solicitó a través de una carta enviada al presidente de Chile, Gabriel Boric, la remoción de Ricardo Yáñez como jefe de Carabineros, cuya permanencia consideran “preocupante e insostenible”, por los cuestionamientos en su contra por la respuesta de esa institución policial en el estallido social de 2019.
En la misiva enviada al presidente chileno, AI argumenta que con la “inminente formalización por el delito de omisión de apremios ilegítimos” contra Yáñez, “es urgente que el Gobierno actúe con determinación a favor del país, de las víctimas, de la investigación en curso y de la propia legitimidad de la institución de Carabineros”.
De acuerdo con Amnistía Internacional, “el presidente Boric debe hacer todo lo que esté a su alcance para proporcionar garantías de prevención y no repetición respecto de la brutalidad policial con que se respondió a las protestas ciudadanas de 2019”.
Además, “debe resguardar los derechos humanos de las víctimas y la sociedad en conjunto, como también debe asegurar la legitimidad y funcionamiento de la institución de Carabineros para evitar que ciertas acciones contravengan las normas nacionales e internacionales que regulan el ejercicio y la responsabilidad del mando policial”, señaló el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.
Si bien la misiva de AI, firmada también por su directora para las Américas, Ana Piquer, reconoce la presunción de inocencia de la que goza Yañez, advierte que “la acción tomada por la Fiscalía es incompatible con su permanencia en un cargo de autoridad de la administración del Estado, especialmente de la institución que se encarga de hacer cumplir la ley.
Yáñez, que asumió como jefe de la institución en noviembre de 2020, es investigado por la eventual comisión del delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”, según la prensa local.
El Ministerio Público también pidió formalizar a Mario Rozas, quien era general director de Carabineros durante el estallido, y al exsubdirector de la institución, Diego Olate.
La audiencia de formalización de la investigación es un trámite procesal durante el que el fiscal comunica al imputado, en presencia del juez de garantía, que está desarrollando una investigación en su contra.
Chile vivió entre octubre de 2019 y marzo de 2020 la mayor ola de manifestaciones desde el fin de la dictadura militar, que empezó como una protesta contra el alza en el precio del boleto de metro y derivó en un clamor por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.
Las revueltas ocasionaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos decenas de mutilados oculares, y dejaron episodios de violencia extrema, con saqueos e incendios.
La ONU y organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) señalaron además a Carabineros por violaciones a los derechos humanos y se abrieron decenas de causas judiciales.
