Una huelga a nivel nacional convocado por la Unión Traviarios Automotor (UTA) paraliza este viernes el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, que incluye capital y periferia) y otras 6 provincias argentinas, mientras el Gobierno de Alberto Fernández mantiene reuniones con los gremios y las cámaras empresarios de transporte para destrabar el conflicto.
El paro, que comenzó a las 00:00 horas (02:00 GMT) de este viernes y concluirá a la medianoche (02:00 GMT del sábado), se debe, según el sindicato, a que las empresas de transporte “no cumplen con el pago del aumento salarial resuelto y acordado para trabajadoras y trabajadores representados por la UTA”.
Esta “retención de tareas”, como la denominó el sindicato, se lleva a cabo en el AMBA, La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires) y las provincias de Corrientes (noreste), Entre Ríos (noreste), Santa Fe (noreste), Formosa (norte), Misiones (norte) y Tucumán (noroeste).
El comunicado aseguró que el transporte “está garantizado y será normal” en el resto de provincias del país, en las que se cumplió “el pago del aumento salarial verificado”, afirmó.
“Los trabajadores no paramos, retenemos nuestras tareas por nuestro aumento desde las 00 horas”, concluyó el documento.
En declaraciones a la prensa, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, acusó a las empresas de transporte de usar como “rehenes” tanto a los trabajadores como a los usuarios del transporte colectivo.
“No vamos a permitir que nos tengan de rehenes, porque este puñado de empresarios del transporte nos quieren tener de rehenes a trabajadores y a los usuarios. Somos rehenes de sus intereses sectoriales”, manifestó al canal de televisión Todo Noticias (TN).
Fernández pidió a los pasajeros que puedan verse afectados por el corte del servicio que entiendan a los trabajadores porque quieren “cobrar el sueldo acordado meses atrás”.
Por su parte, el Ministerio de Transporte y la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mantienen reuniones con los sindicatos y directivos de las cámaras empresariales que nuclean los servicios de transporte en Buenos Aires y el resto de las provincias afectadas para llegar a un acuerdo.
La titular de Trabajo, Raquel Olmos, definió la medida de fuerza como un “lockout patronal” con “intencionalidad política”.
“El Estado transfirió los subsidios correspondientes a ese pago de salarios. Los empresarios, en algunos casos, lo liquidaron correctamente, y en un caso mayoritario en el AMBA hicieron una retención indebida de recursos que tienen por destino el pago de los salarios”, aseguró en su cuenta de Twitter.
En caso de que el Gobierno no consiga arribar a una solución, analizan la posibilidad de multar a las compañías y denunciarlas por “retención indebida de haberes”.
En la última reunión paritaria -que regula en Argentina los ajustes salariales, normalmente por debajo de la inflación-, las autoridades nacionales concedieron el incremento salarial reclamado por el sindicato, pero las empresas de transporte no aceptaron el convenio alegando falta de recursos económicos y reclamaron un aumento del subsidio estatal.
Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el Estado debe subsidios por valor de unos 150 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual.
El transporte entre la capital del país y el conurbano se vio afectado, además, por un paro repentino desde primeras horas de la mañana en una línea de tren que, no obstante, quedó levantado en torno a las 9:30 horas (12:30 GMT).
