La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) advirtió que el empoderamiento presupuestal y operativo de las Fuerzas Armadas en diversas tareas del Gobierno mexicano debilita el Estado de derecho y atenta contra la democracia.
En su segundo informe “El Negocio de la Militarización, Opacidad, poder y dinero”, la ONG indicó que el presupuesto de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) han aumentado un 138% y 71%, respectivamente desde que inició en 2018 el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
“Buscamos advertir que el negocio de militarizar la vida pública del país debilita el Estado de derecho y atenta contra la democracia”, se lee en el documento.
La organización añadió que el empoderamiento de las Fuerzas Armadas también refleja “el decremento de las capacidades de las instituciones civiles que se encargaban de carteras como la construcción de infraestructura y obras públicas”, entre otras áreas.
Solo en 2024, las Fuerzas Armadas concentran el 3.7% del producto interno bruto (PIB) mexicano.
MUCD apuntó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas públicas se convirtió en un “rentable negocio”.
“Se han convertido en una nueva cúpula política y económica, administradora de jugosas partidas presupuestales y clave en el uso y control de los recursos e ingresos de proyectos insignia de la actual administración; sin fiscalización ni transparencia”.
La organización resaltó que las FF.AA. ahora son dueñas y operadoras de empresas estatales, con una bolsa de hasta 142,730 millones de pesos para construir proyectos emblemáticos de López Obrador como el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, el Tren Maya, la refinería Olmeca y la nueva aerolínea estatal Mexicana.
“Al manejar las FF.AA. empresas que funcionan bajo una lógica de ganancias, éstas no son reportadas dentro de las cuentas nacionales, lo que deja a discrecionalidad de las FFAA el ejercicio y destino de estos recursos”, indicó.
En su reporte MUCD mostró como el Gobierno mexicano impulsó la supresión de distintos fideicomisos, pero no el de las instancias castrenses que hasta finales de 2023 sumaban 69,193 millones de pesos.
“Lo que la convierte en la segunda institución del país con mayor participación en el total de los montos de fideicomisos sin estructura orgánica”, abundó.
El documento reveló que el presupuesto asignado a la Sedena y Semar se usa de manera discrecional para otras tareas relacionadas a la disciplina militar, además de que presentaron sobre ejercicios por 153 mil millones de pesos en los últimos 5 años.
“En el caso de la Sedena, el 40% de sus recursos terminan en un destino distinto del aprobado en el gasto público, mientras que para la Semar suman el 30%”, señaló.
La ONG enfatizó que sin ser “suficiente” las Fuerzas Armadas mexicanas también han podido acceder a dinero adicional, producto de convenios de reasignación de recursos con instituciones de los Gobiernos federal y locales.
“Mediante convenios, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, se han transferido al menos 23,166 millones de pesos de instituciones federales a las Fuerzas Armadas, mientras que en el caso de estados y municipios la cifra alcanza 1,650 millones de pesos, detalló.
