El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, anunció que el Estado peruano tiene hasta el 2 de abril para responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que se hizo efectivo en diciembre de 2023, cuando este salió de prisión.
“Tenemos una ampliación ahora hasta el día 2 de abril. El caso no deja de ser complejo. El Estado peruano va a cumplir dentro de ese plazo con responder a la Corte IDH. ¿Qué es lo que esperamos? El escenario más óptimo es que la corte se dé por satisfecha con las explicaciones que estamos brindando”, dijo Adrianzén en una entrevista a la emisora RPP.
Añadió que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería “están trabajando arduamente” y que confía en que el informe que van a entregar sea “sumamente contundente” y que satisfaga plenamente a la corte internacional.
El presidente del Consejo de Ministros, que fue hasta este miércoles el representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de Perú, indicó que si la Corte IDH no está conforme con algunos puntos del informe, esta podría convocar al Estado y a los representantes de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta a una audiencia para “expresar sus consideraciones”.
“Un escenario poco favorable, pero también probable es que como resultado de la audiencia la Corte decida que el Estado peruano está en desacato. Si este desacato es así declarado la Corte podrá informarlo en la próxima Asamblea General de la OEA en Asunción dentro de su informe”, sostuvo.
Y puntualizó en dicho medio local que Perú solicitó a la CorteIDH una ampliación del plazo de entrega del informe, que acababa el 4 de marzo.
El 5 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó la libertad inmediata de Fujimori, quien cumplía 25 años de prisión, y que salió finalmente un día después, pese a que la Corte IDH pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos La Cantuta y Barrios Altos.
En una resolución publicada en diciembre, la Corte IDH recordó que había ordenado no implementar el indulto a Fujimori porque “no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional”.
Y declaró que el Estado peruano cometió un desacato porque ejecutó la sentencia dictada por el TC, del 17 de marzo de 2022, que restituyó los efectos al indulto “por razones humanitarias” otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori, “a pesar que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla”.
