El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó que debe resolver procesos internos antes de poder oficializar los resultados de los comicios del pasado 25 de junio, tras una revisión ordenada por la Corte de Constitucionalidad del país.
De acuerdo con la presidenta del tribunal, Irma Palencia, existen procesos de informática y de consolidado de datos que deben realizarse antes de poder oficializar los resultados.
“Cuando se terminen esos procesos analizaremos la información que tenemos y al no tener pendientes tomaremos una decisión”, afirmó Palencia durante una conferencia de prensa, brindada en un hotel de la Ciudad de Guatemala.
Del 4 al 6 de julio las juntas electorales y fiscales de partidos políticos de todo el país realizaron una revisión de resultados, tras una polémica e inédita orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, emitida el pasado 1 de julio, que ha sido criticada por observadores internacionales.
“Nos interesa mucho que la población sea informada de los datos oficiales pero debemos terminar procedimientos”, agregó Palencia y dijo que aún no puede dar una fecha tentativa para oficializar los resultados.
La revisión, que fue planteada por 9 partidos tradicionales que alegaban supuestas anomalías, no arrojó cambios significativos que alteren el resultado original de los comicios.
En la elección presidencial sólo existió un cambio del 0.4% de los votos escrutados, por lo que los ganadores de la primera vuelta se mantendrían vigentes.
Por esta razón, a falta del anuncio oficial, la segunda vuelta electoral, entre el académico Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla y la exprimera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), debería desarrollarse el próximo 20 de agosto.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender los resultados, según expertos, podría tener como objetivo entrampar el proceso electoral por la inconformidad de grupos afines al Gobierno de turno.
Las autoridades electorales también anunciaron que actuarán penalmente porque durante la revisión miembros de las Juntas Electorales recibieron amenazas y fueron amedrentados por algunos fiscales de partidos políticos.
