Tras lamentar que una persona haya muerto por presunta negligencia médica por parte de personal del IMSS, al no realizarle el tratamiento de hemodiálisis cuando le correspondía, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Ramírez, dijo que de acreditarse dicha situación podría haber una responsabilidad penal en contra de los involucrados.
“Además de ser una violación a los derechos humanos, de acreditarse esta situación, pudiera haber una responsabilidad penal, (además se debe) identificar quiénes son todos los involucrados en la omisión, desatención o negligencia que se pudiera haber presentado, una responsabilidad administrativa y desde luego la reparación del daño por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, dijo en una entrevista.
Roberto Ramírez señaló que, en dicho caso, de acreditarse una negligencia, tiene que haber una indemnización; sin embargo, destacó, lo más lamentable es que con nada se puede recuperar la vida de una persona.
“Si el IMSS por alguna situación de infraestructura no podían prestar el servicio a sus derechohabientes, está contemplado en su reglamentación el subrogar servicios a alguna empresa que pueda brindar la atención”, argumentó.
De igual manera, dio a conocer que, por el tema de suspensión o reprogramación del tratamiento de hemodiálisis a pacientes del IMSS, se abrieron de manera directa 2 expedientes, los cuales fueron remitidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por tratarse de una dependencia federal, pero al ser un tema de salud se orientó a los demandantes a que acudieran a las instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y obligaran al Instituto a prestarles el servicio.
Dijo tener conocimiento de que a quienes acudieron a los Juzgados de Distrito se les otorgaron los amparos correspondientes y el IMSS les tuvo que brindar el servicio de hemodiálisis.
Roberto Ramírez cuestionó que el IMSS haya dado el servicio únicamente a quien obtuvieron el amparo y no a todos los pacientes que lo requerían, “aquí se prende el foco rojo, porque el derecho humano a la salud y la garantía a la vida, no debe ser solamente para quien promueve un recurso legal, sino para todos”.
En cuanto a los expedientes, refirió que uno fue de manera general, cuando se habló de que se iba a suspender el servicio de hemodiálisis; y otro porque una persona de las afectadas acudió a presentar una queja.
Reiteró que, aunque no es competencia de la CDHEC, por tratarse de una dependencia federal, a quienes llamaron o acudieron por esta situación se les asesoró para que promovieran, con el apoyo de abogados que ofrecieron sus servicios de manera gratuita, un amparo.
César Barrera