La junta militar birmana extendió este lunes el estado de emergencia 6 meses más, lo que impide en la práctica que se celebren elecciones este año en el país, sumido en la semianarquía y el conflicto desde la asonada de hace 2 años y medio.
Se trata de la cuarta prórroga del estado de emergencia, que la junta justificó hoy con que el país aún está sometido a “fuerzas violentas” que intentan “tomar el poder estatal”, según un documento de 33 páginas al que tuvo acceso EFE, divulgado al término de un encuentro del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa este lunes.
La decisión, que añade que “aún se necesita tiempo para preparar las elecciones”, se produce al expirar el estado de emergencia previo, decretado por la junta bajo pretextos similares el pasado 1 de febrero, al cumplirse 2 años del golpe, el tope de duración marcado por la Constitución birmana para el mismo salvo que se trate de tiempos “extraordinarios”.
Tanto entonces como ahora los militares justifican su decisión en los “actos de terror” de los que acusan a la resistencia prodemocrática de las fuerzas para la defensa del pueblo (PDF, por sus siglas en inglés), formadas en parte por jóvenes sin experiencia militar tras el golpe y que han ganado terreno a los militares.
Las PDF son, a su vez, el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que se proclama la autoridad legítima de Birmania y se constituyó inicialmente por exdiputados del Legislativo democrático que iba a iniciar mandato cuando tuvo lugar el levantamiento militar.
La nueva prolongación del estado de emergencia impide que se celebren elecciones este año como estaba previsto, pues la ley no lo permite durante este lapso, estipulando que sean celebradas en los 6 meses siguientes al fin de su decreto.
El país del Sudeste Asiático vive sumido en una espiral de violencia y semianarquía desde que el Ejército (Tatmadaw) derrocó el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, sin que los militares hayan conseguido hacerse con el control.
En una señal interpretada como un posible intento de los militares de tantear el terreno de cara a unos comicios, que actualmente carecerían de legitimidad, fuentes cercanas a Suu Kyi confirmaron a EFE la semana pasada que el Ejército ha sacado a la exlíder de la cárcel y la ha realojado en un edificio gubernamental.
Se desconoce si Suu Kyi, detenida desde el golpe y sobre quien pesan condenas que suman hasta 33 años de cárcel, será o no transferida a un arresto domiciliario, como adelantó el servicio birmano de BBC.
El Ejército justifica el golpe en un presunto fraude durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha anulado y en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
