La organización Transparencia Internacional Brasil pidió este lunes al presidente Luiz Inácio Lula da Silva escoger un fiscal general “independiente” y no imitar a su antecesor en el cargo, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Lula, en el poder desde el 1 de enero, tendrá que designar el próximo mes de septiembre al sucesor de Augusto Aras, elegido por Bolsonaro, para ocupar el cargo de fiscal general de la República.
Tradicionalmente el nombre escogido por el jefe de Estado brasileño salía a partir de los 3 candidatos más votados por los procuradores del país, pero Bolsonaro rompió esa costumbre y Lula ya declaró que tampoco piensa en darle secuencia.
“El proceso de nominación para el próximo fiscal general se guiaba desde 2013 por la lista triple”, pero “Bolsonaro rompió ese precedente y ahora Lula tampoco va a seguir ese camino de indicar una persona seleccionada de forma más objetiva por los procuradores”, afirmó a EFE Guilherme France, gerente del Centro de Conocimiento Anticorrupción de Transparencia Internacional Brasil.
France recordó los “perjuicios” sufridos por no tener un fiscal general “independiente” durante la administración de Bolsonaro (2019-2022), en alusión a Aras y su negativa a investigar de forma profunda la supuesta negligencia del Gobierno del líder de la extrema derecha brasileña en el manejo de la pandemia de Covid-19.
“Un fiscal independiente no solo combate la corrupción, también es una garantía para los derechos fundamentales. Escogerlo con base a criterios personales representa un retroceso para Brasil”, advirtió.
Lula ya anticipó que se guiará por su “criterio personal”, pero prometió ser “más cuidadoso en la elección del próximo fiscal general de la República”.
“Espero escoger un ciudadano decente, digno, de mucho carácter, y que sea respetado”, expresó.
Aun así, France resaltó los “avances” en materia de transparencia desde que asumió la Presidencia de Brasil el líder progresista.
“Hubo una recuperación de la transparencia con decisiones que abrieron determinadas informaciones a la sociedad” y restablecieron una serie de órganos “que aumentaron la participación” de la ciudadanía, enumeró.
Aunque al mismo tiempo considera que todavía falta un largo camino por recorrer en relación al destino de las partidas presupuestarias que el Gobierno reserva para proyectos de congresistas brasileños y sobre los que pesan, en algunos casos, sospechas de corrupción.
