El pleno del Congreso español decidió este martes tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de alrededor de 500 mil extranjeros, una propuesta respaldada con la firma de unos 612 mil ciudadanos.
La cámara baja aprobó iniciar el procedimiento por una amplia mayoría de 310 diputados, con 33 en contra.
Votaron a favor la coalición de izquierdas que forma el Gobierno, la oposición conservadora y pequeños partidos como los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Únicamente se manifestó en contra el partido de extrema derecha Vox.
Los grupos parlamentarios advirtieron, no obstante, que precisarán su posición sobre la cuestión de fondo en su momento, es decir, durante el correspondiente debate legislativo.
Promueven la iniciativa numerosas entidades sociales, con el apoyo de la Iglesia católica, entre otras entidades.
El Partido Socialista, el principal del Gobierno, había confirmado que apoyaría que se tramitase la ILP para enmendarla después, sin detallar en qué sentido: “No vamos a jugar ni a la barra libre (de entrada de inmigrantes) ni al cierre de fronteras”, señaló su portavoz, Patxi López, en una comparecencia de prensa.
La diputada conservadora Sofía Acedo planteó hoy grandes reservas sobre la iniciativa, desde cuestiones técnicas hasta un potencial efecto llamada de la inmigración irregular, pero indicó que su grupo no impediría su trámite.
La parlamentaria de Vox Rocío de Meer que también aludió a un potencial efecto llamada, relacionó inmigración irregular con inseguridad, algo que le reprocharon los socialistas como “discurso de odio”.
La iniciativa popular comenzó hace más de dos años con una gran campaña de recogida de firmas con el objetivo de dar al Gobierno 6 meses para aprobar el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encontrasen en España antes del 1 de noviembre de 2021.
Según los promotores, esto acabaría con la vulneración de los derechos fundamentales de estos inmigrantes, alrededor de 500 mil, según calculan, y las barreras que les impide contribuir económica y fiscalmente a la sociedad española, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.
España soporta una gran presión migratoria, principalmente procedente del continente africano por vía marítima.
En 2023, llegaron de manera irregular 56,852 personas en total, un 82.1% más que un año antes, según el Ministerio español del Interior.
La gran mayoría se dirigían a las islas atlánticas de Canarias en embarcaciones precarias, en concreto 39,910 inmigrantes, un 154.5% más que en 2022.
Gobiernos de izquierda y derecha han recurrido desde los años 80 a regularizaciones extraordinarias: más de un millón de inmigrantes consiguieron la documentación legal en ocho procesos.
La última fue en 2005, cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces fueron “legalizados” casi 578 mil extranjeros, según datos oficiales.
