El Senado brasileño aprobó una enmienda constitucional que criminaliza la portación y la posesión de cualquier cantidad de droga, en respuesta al empuje de la Corte Suprema del país por descriminalizar la marihuana para consumo personal.
La propuesta, que fue aprobada por 52 votos a favor y 9 en contra y que ahora debe discutir la Cámara de Diputados, pretende colocar en la Constitución la prohibición de poseer y llevar drogas, independientemente de la cantidad, si no se dispone de autorización legal.
La enmienda establece una distinción entre usuario y traficante y dice que al primero se le aplicarán “penas alternativas a la prisión y tratamiento contra la dependencia”.
El presidente del Senado y autor de la propuesta, Rodrigo Pacheco, apuntó durante el debate que las drogas son “absolutamente nocivas para la propia existencia”, pero valoró que la enmienda permita el porte para uso medicinal e impide el encarcelamiento del usuario.
El Partido de los Trabajadores, la formación del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, orientó a sus senadores a votar en contra de la medida por considerar que no resuelve el problema de seguridad pública, porque no establece criterios para diferenciar a usuarios de traficantes.
La ley vigente, que regula la posesión de drogas en el país desde 2006, ya señala que, a diferencia del traficante, el usuario no enfrenta penas de cárcel, sino otro tipo de sanciones menores como la prestación de servicios comunitarios.
La medida del Senado es una reacción a un juicio en curso en la Corte Suprema, en el que hasta ahora una mayoría de magistrados se ha pronunciado a favor de descriminalizar la portación de marihuana para uso personal para que el usuario solo enfrente sanciones de carácter administrativo.
Además, los magistrados han defendido la necesidad de definir una cantidad específica de marihuana para diferenciar al consumidor del traficante, y así evitar casos de arbitrariedad por parte de policías y jueces con base en la clase social o el color de la piel del portador.
Según algunas formaciones políticas de centro y de derecha, el máximo tribunal se ha extralimitado en ésta y otras cuestiones, invadiendo competencias propias del Congreso, donde los parlamentarios evangélicos tienen una influencia considerable.
