Las autoridades de Estados Unidos violan los derechos humanos de los migrantes de manera “persistente” y con impunidad, denuncia un nuevo informe publicado este miércoles (2).
El reporte, que analiza cientos de casos recopilados por las organizaciones WOLA y Kino Border Initiative por años, encontró que de 78 denuncias formales presentadas ante las autoridades entre 2020 y 2022, un 95% quedaron en la impunidad. Estas acusaciones incluyen casos de golpizas, negación de atención médica y abusos de autoridad.
El documento, de más de 80 páginas, recoge decenas de duros casos a los que el sistema de escrutinio interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha dado una respuesta, entre ellas, está la historia de Berto, quien pidió agua a un agente de la Patrulla Fronteriza que lo encontró en el desierto, después de haber caminado por 8 días, y recibió una fuerte golpiza que lo dejó inconsciente.
“Si quieres agua, hay agua en tu país”, le gritó el agente mientras le pegaba, según el testimonio recogido en el informe. Cuando Berto recuperó la conciencia, el agente que lo golpeó le dijo que se fuera caminando hacia México, pero él ya estaba muy malherido para moverse, finalmente el agente accedió a llevarlo a un hospital, donde Berto intentó denunciar con otro agente el maltrato, pero no le hizo caso. Al poco tiempo, fue deportado a Nogales.
En otra instancia recogida en el reporte, las autoridades de la Patrulla Fronteriza se negaron a dar atención médica a “Evelyn”, quien tenía 8 meses de embarazo y llevaba horas sin sentir a su bebé después de haber caminado durante un largo rato en el desierto, donde fue encontraba por las autoridades. Ese mismo día, la expulsaron a Nogales y, a la mañana siguiente, cuando pudo acudir a un centro médico, le dijeron que su bebé ya no tenía vida.
Denuncias que se pierden en la nada
Las investigaciones de muchas de estas denuncias, señala el reporte, no ocurrirían sin el trabajo de actores externos como son los defensores de los derechos humanos, los periodistas, denunciantes y las propias víctimas.
Y es que, aun cuando se decide poner una denuncia formal, los casos se ingresan en bases de dato “sin que se les haga seguimiento”, se cierran a causa de litigios o porque “no hubo una violación de la política”.
“Es difícil decirle a alguien que ha experimentado abuso por parte un oficial de migración y que quiere poner una denuncia, que en la mayoría de los casos no recibimos respuesta”, señaló Zoe Martnes, coordinadora en Kino Border, en un comunicado.
La falta de escrutinio es tan grave, subrayó Adam Isaacson, investigador en WOLA, que “ayuda a cimentar una cultura que permite las violaciones de derechos humanos. Los abusos siguen llegando porque lo más probable es que haya impunidad”, destacó el experto.
El reporte expone más de 40 recomendaciones al gobierno para acabar con esta lacra, entre ellas aumentar la penalización para los agentes que cometen abusos, mejorar el sistema de denuncias y permitir un mayor escrutinio por parte del Congreso de Estados Unidos.
