El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) solicitó que se le otorgue una pensión como exjefe de Estado, tal como hizo el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), pero ésta le fue denegada por el Congreso, informó el diario El Comercio.
El rotativo señaló que el 11 de abril de este año el Parlamento le notificó a Castillo “sobre la declaración de improcedencia de su solicitud”, tras lo cual el exgobernante presentó una apelación.
La ley peruana otorga una pensión vitalicia a los expresidentes, que actualmente llega a 15,600 soles mensuales (4,182 dólares), aunque suspende ese derecho al que haya sido acusado constitucionalmente por el Congreso, salvo que exista una sentencia judicial que declare su inocencia.
El Legislativo aprobó en febrero de 2023 una acusación constitucional contra Castillo y autorizó la formación de causa penal en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
En ese sentido, Castillo sostuvo en su apelación que aún no sido sentenciado por ninguno de los delitos que se le imputan y, por tanto, goza de la presunción de inocencia.
“No tengo ingresos para cubrir mis necesidades básicas, como pago a Essalud (seguro social), para un seguro facultativo, medicamentos y otros”, indicó el exmandatario en el documento reseñado por el diario.
Castillo cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses por el intento de autogolpe y otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi declaró que el recurso de Castillo “no tiene ningún tipo de anclaje constitucional ni legal” y debe ser declarado “improcedente”, y añadió que estos argumentos también podrían aplicarse a la solicitud de Fujimori.
“A igual razón, igual derecho”, remarcó Rospigliosi a El Comercio.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, confirmó este lunes que el exmandatario solicitó que el Estado le entregue una pensión económica y otras prerrogativas, entre ellas seguridad y combustible, que considera le corresponden.
En respuesta, el procurador general de Perú, Javier Pacheco, confirmó que Fujimori le debe al Estado peruano 55 millones de soles (14.7 millones de dólares) en concepto de la reparación civil que se le impuso durante los juicios por corrupción por los que fue condenado.
Tras señalar que Fujimori aún no ha “pagado ni un solo sol” de esta reparación, el procurador consideró que “no le correspondería” recibir una pensión, ya que también fue acusado por el Congreso y sentenciado por el Poder Judicial.
Fujimori abandonó en diciembre pasado la prisión en la que cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restableció el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
