El Parlamento chileno aprobó la ley que busca dar cumplimiento a un fallo de la justicia que obliga a las aseguradoras privadas de salud a pagar a sus afiliados una deuda millonaria por cobros excesivos desde 2019 y aplicar una tabla única de precios.
Con 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados dio el visto bueno a una polémica medida que ha enfrentado el oficialismo y la oposición por el futuro de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) durante el año que se alargó su compleja tramitación en el Congreso.
Tras la votación, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Ana María Gazmuri, recalcó que la nueva ley es una “respuesta para no dejar sin atención a las personas con enfermedades severas y a las que quedaron con sus Isapres”, aunque –dijo– hay varios de los aspectos aprobados de la norma que “dolieron a su sector”, el oficialismo.
Desde la oposición, el parlamentario Andrés Celis, de la coalición de derecha, señaló que “la noticia es positiva porque se estabiliza el sistema”, pero enfatizó que “algo está fallando cuando hay que legislar para regular el pago de una deuda en salud de una institución privada”.
Las Isapres se declararon “al borde de la quiebra” tras la pandemia y un proceso judicial de 10 años que se giró en su contra y terminó reconociendo un conjunto de deudas de las empresas con sus clientes, que han protagonizado un éxodo masivo al sistema de salud público.
La nueva ley establece que las aseguradoras privadas deberán presentar un plan de pago de la deuda a sus afiliados a la Superintendencia de Salud (organismo fiscalizador) y que, para saldarla, dispondrán de un plazo de 13 años, 3 más de los contemplados en la propuesta inicial del Gobierno progresista de Gabriel Boric.
Para las personas mayores de 65 años, este plazo se recorta a 5 años y para las mayores de 80 queda en 2.
Uno de los puntos más criticados de la medida, incluso dentro de las filas de la coalición de Gobierno, es que permite que los próximos 3 años las compañías de salud, que cada mes reciben el 7% del sueldo de sus afiliados, puedan subir los precios de los planes con menos restricciones que antes.
A las subidas en los planes previstas para 2025, 2026 y 2027 se suma un alza extraordinaria en los próximos meses que tendrá un techo del 10% de lo que pagaban las personas hasta junio de 2023 y que las aseguradoras tendrán que justificar ante la Superintendencia.
“No queremos un ‘perdonazo’, pero tampoco que la gente quede sin su seguro de salud; es una ley que no me deja feliz por las facilidades que estamos dando a las Isapres, pero hay que mirar que las personas no queden desvalidas”, señaló a la prensa local la diputada Helia Molina, del Partido Por la Democracia (PPD), uno de los más críticos dentro del oficialismo con la propuesta.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, que ha reiterado varias veces en sus intervenciones de los últimos días que la nueva ley sea un ‘perdonazo’ para las aseguradoras privadas, admitió en una entrevista el domingo que el presidente Boric “no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras”.
El mercado de las Isapres, muy concentrado en 6 compañías, fue creado en 1981 como parte de las reformas neoliberales instauradas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Su creación empujó el desarrollo de clínicas privadas, que empezaron a integrarse verticalmente en holdings con las Isapres.
Según la Superintendencia de Salud, entre 2017 y 2020 acumularon ganancias por más de 225 mil millones de pesos (más de 280 millones de dólares), mientras que en 2021 y 2022 registraron pérdidas históricas.
