Las y los diputados de Morena y las bancadas aliadas del Partido Verde, del Trabajo y, en esta ocasión, contando con el apoyo de un diputado de la fracción del PRI, un diputado sin partido y un diputado de Movimiento Ciudadano, aprobaron modificar la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima para aumentar de 3 a 5 el número de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, se reformó el Artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. El Tribunal de Justicia Administrativa actualmente se encuentra conformado por 3 magistrados: Andrés Gerardo García Noriega, Yarazeth Candelaria Villalpando Valdez y Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, ese último electo recientemente.
De acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 77 hasta antes de ser modificado, se establecía que “el Tribunal (TJA) será colegiado y estará integrado por 3 magistrados, quienes deberán cumplir los mismos requisitos previstos en el Artículo 69 de esta Constitución para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; durarán 6 años en el ejercicio de su encargo y durante ese solo periodo podrán ser removidos por las causas graves que señale la ley”.
Con la reforma aprobada por 18 votos a favor y 7 en contra, dicho artículo queda de la siguiente manera: “El Tribunal será colegiado y estará integrado por 5 magistraturas. Las personas que las ocupen deberán cumplir los requisitos del Artículo 69 de esta Constitución para ser magistrado o magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, teniendo las garantías de estos; durarán 6 años en el ejercicio de su encargo y durante este solo podrán ser removidos de conformidad con lo que establece esta Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
De acuerdo con la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se establece que “el titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado el nombramiento de las personas que considere idóneas para ocupar el cargo de magistrado. El Congreso hará la designación dentro del plazo de 10 días hábiles, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y previa comparecencia de las personas propuestas. Si el Congreso no resuelve dentro del plazo indicado, se tendrá por aprobada la propuesta presentada por el Ejecutivo del estado.
“Si el Congreso niega la aprobación dentro del plazo indicado, lo notificará al titular del Poder Ejecutivo, quien deberá realizar una segunda propuesta, procediéndose en los mismos términos del párrafo anterior. En caso de que el Congreso rechace 2 propuestas sucesivas de nombramiento, se tendrá por aprobada la que libremente determine el Ejecutivo”.
Al someterse a discusión el proyecto de dictamen, los diputados Crispín Guerra, del Partido Acción Nacional; Jonathan de Jesús Ventura, de la bancada del PRI; Ignacio Vizcaíno Ramírez, diputado sin partido, y la panista Martha Fernanda Salazar, coincidieron en señalar que las reformas propuestas ponen en riesgo al propio Tribunal de Justicia Administrativa, pues se le dota de más magistrados cuando lo que se requiere para abatir la carga de trabajo es de más trabajadores, entre ellos proyectistas, que realicen el trabajo.
Las y los legisladores que estuvieron en contra del dictamen propusieron que lo mejor sería dotar al órgano administrativo de una más amplia plantilla de personal para sacar los asuntos pendientes que se tienen. Crispín Guerra dijo que, si se considera que el Tribunal de Justicia Administrativa tiene rezago de expedientes, “dense una vuelta al Supremo Tribunal de Justicia o al Tribunal Unitario, para que vean que los expedientes están hasta en el suelo, porque ya no caben en los archiveros y que tienen ese rezago porque el Gobierno del estado y la mayoría de diputados del Congreso de Morena y sus aliados no han apoyado con mayores recursos económicos para la impartición de justicia.”
Señaló que, en cambio, ahora pretenden modificar la Constitución para aumentar el número de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, cuando lo que se requiere es que el incremento sea en personal que ayude a los magistrados actuales a sacar ese rezago.
Las propuestas hechas no fueron escuchadas por las y los diputados de Morena y sus aliados, por lo que se pasó a la votación nominal, donde con el voto dividido de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC), así como de un diputado independiente, Morena y sus aliados lograron el número suficiente de votos para realizar una reforma constitucional que requería un mínimo de 17 sufragios que representan la mayoría calificada.
