El diputado local por Morena, Rubén Romo, presentó al pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) a que, conforme a sus atribuciones, promueva las responsabilidades procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Lo anterior, aclaró, para imponer las sanciones correspondientes a las y los servidores públicos del municipio de Manzanillo y a los particulares, si los hubiere.
El punto de acuerdo se deriva de las observaciones contenidas en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021, que reportan un endeudamiento de 85 millones de pesos sin confirmar, compra de boletos de avión para personas ajenas al Ayuntamiento de Manzanillo por más de 70 mil pesos, gastos no comprobados, compras irregulares sin evidencia de licitaciones y falta de pagos al IMSS y al ISR.
Romo Ochoa destacó que también existe una falta de bienes municipales por más de 99 millones de pesos que no pudieron ser comprobados ni documentados por las y los funcionarios del Ayuntamiento de Manzanillo, lo que representa una afectación directa al patrimonio público de las y los manzanillenses.
Por lo anterior, en el Congreso se sometió a consideración del pleno la aprobación del punto de acuerdo para exhortar al Osafig a que, conforme a sus atribuciones legales y constitucionales, promueva las responsabilidades procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Ello, agregó, permitirá la imposición de las sanciones correspondientes a las y los servidores públicos del municipio de Manzanillo y a los particulares, si los hubiere.
Asimismo, se aprobó que el Osafig informe al Congreso del Estado sobre los procedimientos y responsabilidades iniciadas, así como sobre las denuncias formuladas ante la Fiscalía Especializada.
El dictamen fue aprobado por mayoría, aunque el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), diputado Crispín Guerra, señaló que estaban parcialmente de acuerdo con el punto de acuerdo, pero que debía aplicarse a todos los entes públicos, incluido el Gobierno del estado, que también presenta numerosas irregularidades.
El panista citó el caso del Ayuntamiento de Colima, donde el exalcalde de la capital, Leoncio Morán, presentó desvíos de más de 53 millones de pesos de recursos de los trabajadores y cuestionó qué ha sucedido con esas denuncias.
Como Francisco Rubén Romo no aceptó modificar el exhorto para incluir al Gobierno del estado y a otros entes que presentan irregularidades, al someterse a votación solo lo aprobaron los diputados de Morena y sus aliados, además del diputado sin partido Rigoberto García Negrete.