La ley de amnistía a independentistas, aprobada este jueves por el Congreso español, busca superar el conflicto político y social en Cataluña, aunque queda pendiente de los jueces la aplicación de esta norma clave para la segunda legislatura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Este es un paso imprescindible para la normalización en Cataluña, para dejar atrás las consecuencias de la declaración unilateral de independencia de 2017, defienden el Gobierno de coalición de izquierdas y sus socios parlamentarios, entre ellos independentistas catalanes.
La suma de sus votos, 177, se impuso a los 172 de la oposición de derechas.
Aún así, los defensores de la ley son conscientes de la incertidumbre que se abre sobre su aplicación, pues dependerá de cada juez en cada proceso, no es una amnistía automática de forma generalizada.
Y de que los jueces planteen en España una cuestión sobre la constitucionalidad o no de la ley o incluso recurran a la Justicia europea para que determine si es acorde a la legislación comunitaria, lo que suspendería su aplicación.
Los conservadores, principal fuerza de oposición, ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional español.
El perdón
“En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino”, publicó Sánchez en X.
Su ministro de Justicia, Félix Bolaños, comentó que la norma entrará en vigor “en los próximos días” tras los trámites preceptivos e insistió en que serán los jueces los que deban aplicarla.
De ello son conscientes los independentistas. La secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, desde Suiza, adonde huyó de la Justicia española, coincidió en que “el gran reto” es su aplicación, “que depende de cada juez”.
En espera de lo que suceda, el secretario general de Junts, Jordi Turull, considera “una gran victoria para el independentismo” su aprobación.
Uno de los beneficiarios puede ser el líder de Junts, Carles Puigdemont, que presidía el Gobierno catalán cuando se produjo la declaración de independencia y lleva desde entonces huido de la Justicia española.
Puigdemont ha anunciado que volverá a España incluso a riesgo de ser detenido, una vez aprobada la amnistía.
Los fiscales del Tribunal Supremo español que intervinieron en el juicio en el que fueron condenados varios líderes independentistas tras aquella declaración de 2017 han advertido que la orden de detención contra Puigdemont no puede ser retirada por la amnistía, pese a lo que la ley contempla.
Además de avanzar que se debe solicitar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y otra de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en España, lo que paralizaría su aplicación.
Pendiente de los tribunales
El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, lamentó que “no es un buen día para la democracia” española y advirtió que “será cuestión de los tribunales la derrota de la ley”.
La sesión en que la ley recibió el visto bueno definitivo fue fiel reflejo de la crispación que caracteriza la política española, hasta el punto de que estuvo suspendida por unos momentos hasta que cesó un duro cruce de acusaciones, insultos incluidos, entre la formación de izquierda Sumar, socio de Gobierno del socialista PSOE, y la de extrema derecha Vox.
Por su parte, Junts y ERC avisaron de que una vez aprobada, el siguiente pasado será un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
La presentación de la ley fue determinante para que en noviembre pasado Sánchez lograra los apoyos parlamentarios necesarios, incluidos independentistas catalanes, para ser investido de nuevo como presidente del Gobierno español.
La ley elimina toda responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso independentista catalán desde el 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023, lo que incluye las consultas sobre la independencia celebradas en 2014 y 2017 en Cataluña.
La amnistía no incluye delitos calificados como terrorismo de acuerdo con la legislación europea, entre otros.
Puigdemont y otros políticos catalanes son investigados por este delito por un juez en España, en relación a disturbios ocurridos tras aquella declaración.
