En una conferencia que mantuvo la atención plena de contralores, contraloras y funcionarios de un buen número de universidades públicas del país, la Doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta abordó temas urgentes y logros de las Instituciones de Educación Superior (IES) de México, como el de la gratuidad, los presupuestos federales y estatales, la reforma al sistema de pensiones, la cobertura, los salarios y el buen uso y transparencia de los recursos públicos.
Carmen Armenta tituló su charla “Retos y perspectivas de la Universidad Pública: un trabajo en colectivo”. Con esa charla se inauguró la reunión número 60 de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C. (Amocvies), celebrada del 29 al 31 de mayo en la Universidad de Colima (UdeC).
Ella es directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
Entre muchas otras cuestiones, dijo que, en las últimas 2 décadas, todos los estados del país aumentaron su cobertura en educación superior, “sin embargo, la mitad de ellos amplió su brecha respecto a la media nacional”. Ese aumento en la cobertura, destacó, se ha dado principalmente por el acceso de más mujeres que hombres a las universidades.
Señaló que con la aprobación de la Ley General de Educación Superior (LGES), que busca “impulsar transformaciones en educación superior”, se han modificado muchas cosas, entre ellas la gratuidad y obligatoriedad, que corresponde al Estado, no a las universidades, aclaró.
La ley dice que “para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos: federal, de las entidades federativas y de los municipios… Adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de estos servicios”.
Sin embargo, dijo, el incremento de los presupuestos a las IES ha sido por debajo de la inflación real, lo que ha hecho que, además de no poder cumplir esta obligatoriedad, se agrave el déficit presupuestal de las universidades en crisis. A pesar de lo anterior, resaltó, las universidades del país, gracias a las medidas tomadas y a que comparten experiencias de ahorro y austeridad en encuentros como los organizados por la, están haciendo más con menos.
Mencionó que del 2018 al 2024 ingresaron 108,802 estudiantes más a las IES del país. “Éste es un logro de las universidades, ya que, a pesar de los mínimos incrementos de presupuesto, han tenido un incremento en la matrícula”.
En comparación con el incremento de la matrícula, dijo, “las universidades han tenido un decremento del presupuesto ordinario; es decir han tenido que hacer más con lo mismo. Esto conlleva cierta complicación y genera condiciones de austeridad entre las instituciones, que buscan aplicar dichos recursos a las cosas realmente sustentables y revisando y cuidando internamente a dónde va el gasto público para los intereses de los estudiantes”.
Otro tema que abordó fue el de las inequidades en las aportaciones del subsidio público a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES). Según el Artículo 65 de la LGES, debe haber una aportación del 50% de los estados y otra parte igual por parte de la federación, situación que no ha sido posible lograr en la mayoría de las entidades federativas.
En ese sentido, dijo, se ha estado obligando a los estados, desde la SEP, a que otorguen la parte correspondiente. No sólo eso, también han insistido en que los estados aporten toda la parte que les corresponde dar del subsidio ordinario. Dijo que, en 2018, los estados en el país tenían un adeudo con las IES de más de 13,665 millones de pesos. Ese adeudo se redujo en el 2023 a 1,132 millones de pesos.
Un dato que llamó la atención es que la Universidad de Colima es la única en el país que no tiene trabajadores a los que se les paga menos del salario mínimo. Hay más de 45 mil trabajadores y trabajadoras de las universidades del país ganando un sueldo por debajo del salario mínimo, menos en la UdeC.
En ese sentido, elogió que la Universidad de Colima es la única institución que no tiene personal en esas condiciones.
Uno de los retos fuertes de varias IPES es el peso financiero del sistema de pensiones y jubilaciones, lo que obliga a una reforma. No sólo esto, derivado de la nueva Ley, ahora las instituciones educativas, para acceder a los presupuestos, deben además tener un plan de austeridad, un protocolo de violencia de género y un programa de cultura de paz.
Comentó que “en los siguientes años habrá más universidades en crisis si no se apoyan, eliminan o por lo menos disminuyen los problemas estructurales de pensiones y jubilaciones, así como el necesario cambio generacional del personal docente. También, es menester eliminar las prestaciones que se encuentran fuera de la Ley, o por lo menos que sean equiparables con los ingresos de la institución”.
Recomendó a las IES promover leyes de autonomía presupuestaria como las que ya tienen la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad de Guadalajara, para asegurar los presupuestos con independencia de quien llegue a la gubernatura de un estado.
Para terminar, reconoció el trabajo de las universidades “por transparentar su quehacer favoreciendo que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación cada vez sean menos, esto gracias a su actuación en los temas de prevención y a que están haciendo una muy buena tarea transparentado el uso y un correcto ejercicio de los recursos”.
