Las fuerzas de seguridad de Guatemala trasladaron a 225 personas que se encontraban encarceladas en la prisión denominada “El Infiernito”, ubicada unos 60 kilómetros al sur de la capital del país centroamericano, como parte de los planes para reconvertir este penal en uno de “alta seguridad” y recuperar así su control.
El ministro de Gobernación guatemalteco, Francisco Jiménez, indicó que el desalojo se llevó a cabo con el objetivo de “recuperar y reconvertir la prisión en una cárcel de alta seguridad”.
De acuerdo con la misma fuente, la cárcel, conocida como “El Infiernito” pero cuyo nombre oficial es Centro de Máxima Seguridad Canadá, será remodelada próximamente.
En el operativo para trasladar a los 225 reos, en su mayoría pandilleros, participaron más de 400 agentes de la Policía Nacional Civil, según confirmaron las autoridades.
Jiménez explicó en un mensaje en sus canales oficiales que el traslado duró 4 horas y que en el lugar, inicialmente, se encontraron varios objetos ilícitos, incluyendo una “pileta de cocodrilos”.
El funcionario dijo que los “objetivos principales” de los operativos eran “la recuperación” del centro penitenciario, que se “había constituido con una prisión que no tenía nada que ver con máxima seguridad”.
Además, también trasladar a reos de la pandilla “Mara 18” a otros centros carcelarios para tener un mejor control sobre la organización criminal.
“Hemos encontrado una serie de situaciones que implican que había una total libertad a lo interno de esta cárcel”, añadió Jiménez.
“Encontramos una granja de animales de patio, que probablemente eran utilizados por los mismos reos para alimentarse. Pero lo más serio es que encontramos en una pileta cocodrilos, un tema gravísimo porque muestra el descontrol de esta cárcel”, concluyó.
Los operativos llegan una semana después de que fuera asesinado el cantante e influencer guatemalteco Jorge Pop, de 18 años, un crimen que consternó al país centroamericano y que ha sido atribuido inicialmente por las autoridades a la pandilla “Mara 18”.
De acuerdo a diversos estudios, miles de comercios en Guatemala son extorsionados mensualmente por pandilleros, en su mayoría desde las distintas prisiones que se encuentran bajo la supervisión del Ministerio de Interior.
Es por ello que Jiménez indicó que buscan “mecanismos” para que los presos no puedan “cargar teléfonos” ni tener acceso a objetos ilícitos.
