El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) confirmó que el abogado William Paco Castillo Dávila, quien defendió al también exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000), será su nuevo defensor y vocero, informó la emisora Radio Exitosa.
De acuerdo con la información, Castillo confirmó, en un escrito dirigido “al pueblo” de su país, que este jurista será su nuevo defensor mientras dure la “ilegal y arbitraria carcelaria” que, según dijo, afronta.
“Mediante el presente documento les comunico, que mientras dure la ilegal y arbitraria carcelaria que sufro, a partir de la fecha he designado al doctor William Paco Castillo Dávila como mi representante y vocero personal, además de mi abogado principal”, indicó el comunicado de Castillo reseñado por Exitosa.
Agregó que el letrado ejercerá su “defensa política y jurídica”, por lo que lo faculta “para que sea el portador” de su mensaje “a lo largo y ancho del territorio” de su país.
Al respecto, el abogado Castillo Dávila confirmó al Canal N de televisión que ha asumido la defensa del exmandatario y que ya ha mantenido comunicación con algunos de sus anteriores abogados.
“Le he planteado (a Castillo) la urgente necesidad de que su defensa sea única y no exista esta proliferación de letrados. Él lo ha entendido y, en tal sentido, ha decidido que la defensa sea unitaria”, comentó.
Acotó que algunos de los abogados que tuvo Castillo “pueden haberse sentido desplazados”, pero dijo que esa no es su intención.
Castillo Dávila sostuvo que el proceso que se sigue contra su defendido por presunta rebelión, tras haber intentado dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, “es complicado”, ya que aseguró que en su país “la justicia está politizada”.
“Tenemos que demostrar, mediante medios objetivos, que ahí no existe ese delito que se le imputa por la ausencia de tipicidad, ¿Qué significa esto? Que el hecho que él cometió no tiene ningún fundamento de orden punitivo”, indicó.
En mayo pasado, durante el control de acusación del proceso que se sigue en su contra, y de varios de sus ministros, Castillo aseguró que el mensaje de su fallido golpe de Estado fue “simplemente” la lectura de “un documento sin ninguna consecuencia”.
La Fiscalía pide para Castillo 34 años de prisión por la presunta comisión del delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
El exgobernante fue destituido por el Congreso tras su intento de golpe de Estado y desde entonces cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses por este caso, así como otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
