El Gobierno Federal concluyó el proceso contra Minera Tizapa, subsidiaria de Industrias Peñoles, por la presunta denegación de derechos laborales presentada por EUA, lo que llevó a la restitución de 8 trabajadores, pagos de bonos vencidos y otras medidas de reparación.
Todo ello como parte del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía.
Los resultados de la revisión e investigación en la mina Tizapa, ubicada en el municipio de Zacazonapan, en el central Estado de México, se compartieron a Washington el pasado 17 de mayo.
Ambas dependencias indicaron que el Gobierno de México constató “la existencia de ciertas acciones de la empresa que presuntamente constituyeron transgresiones a la legislación laboral mexicana y una denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva por parte de Minera Tizapa”.
En este sentido, el Gobierno mexicano indicó que se realizaron 8 acciones para reparar los agravios de la empresa a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, como una carta compromiso de neutralidad en asuntos sindicales y un documento que define los lineamientos de conducta por el personal de la empresa.
Asimismo, se llevó a cabo la reinstalación de 8 empleados, mientras que pagó un bono de continuidad operativa a todas las personas trabajadoras que no lo habían recibido.
La empresa también otorgó permisos con goce de sueldo a 6 delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM).
Por su parte, firmó acuerdos con el sindicato sobre la retención de cuotas sindicales, así como del local sindical para la atención de los afiliados del SNTMMSSRM, y también acuerdos con el sindicato para la contratación de personal de nuevo ingreso.
“Después de las consultas entre México y Estados Unidos sobre el contenido y resultados de la investigación, así como de las acciones realizadas, ambos gobiernos acordaron el cierre de este caso”, enfatizó el Gobierno mexicano.
Por último, reconoció la colaboración y buena voluntad de todas las partes para la solución de este caso, al tiempo que insistió en “su compromiso para continuar asegurando la aplicación y respeto a los derechos colectivos de las personas trabajadoras de México”.
