La Policía brasileña detuvo este jueves a 49 fugitivos implicados en la tentativa de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y busca a otros 159 por incumplir una serie de medidas cautelares impuestas por la Justicia.
Los arrestos se enmarcan en una operación de la Policía Federal contra 208 investigados y condenados, vinculados con la violenta invasión de las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia de Brasil, y considerados prófugos de la Justicia.
La institución afirmó en una nota que los acusados “han incumplido deliberadamente las órdenes judiciales o han huido a otros países para eludir la aplicación” de la legislación penal brasileña.
Por el momento, la acción ha resultado en la detención de 49 personas en los estados de Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná y Brasilia.
Los agentes aún están en la calle para detener a “otros 159 condenados o investigados” por el episodio conocido como el asalto a Brasilia, en el que miles de activistas de extrema derecha intentaron forzar una intervención militar para devolver al poder al ultraderechista Jair Bolsonaro.
Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, y nunca ha reconocido la victoria de Lula en las presidenciales de ese año, consta como investigado por golpismo, en el marco de un proceso que tramita en el Supremo.
La Policía sostiene que por las manos del entonces mandatario pasaron borradores de decretos para anular el resultado de las elecciones de 2022, que ganó Lula por un estrecho margen, dentro de un plan para mantenerlo en el poder y que llegó a sopesar la detención de altas autoridades del país.
Con ello, los investigados buscaban, de acuerdo con los autos, evitar la investidura de Lula, que finalmente se produjo el 1 de enero de 2023.
El capitán de la reserva del Ejército siempre ha negado cualquier tipo de vinculación con la presunta trama golpista y se ha declarado víctima de una “persecución judicial”.
Según la prensa brasileña, la Policía Federal pretende concluir la investigación contra el exjefe de Estado por golpismo en julio.
A partir de ahí, enviará un informe a la Fiscalía General, que decidirá entonces si presenta una denuncia formal contra el líder ultraderechista.
